Exfuncionario de la DGII propone endurecer control tributario para combatir evasión fiscal

Alexis Rodríguez, expresidente del Consejo Nacional de Consultores Impositivos (Conaci) y exdirector de Estudios Económicos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), propuso un conjunto de medidas para endurecer el control tributario y combatir la evasión fiscal en el país, argumentando que es necesario transformar el comportamiento del consumidor final y fortalecer los mecanismos de fiscalización.

Entre las iniciativas destacadas, Rodríguez sugirió reducir el límite de facturación anónima de RD$250,000 a RD$40,000 en la emisión de Comprobantes de Consumo (Tipo 02), de modo que a partir de ese monto sea obligatorio solicitar el número de cédula de identidad, electoral o pasaporte del consumidor.

Además, propuso implementar un bloqueo de facturación fraccionada para evitar que comercios emitan múltiples facturas pequeñas a un mismo cliente con el fin de eludir el límite legal, así como un sistema de alertas automáticas que detecte y prohíba estas prácticas.

Otra medida clave consiste en validar los medios de pago mediante el cruce automatizado de datos entre las adquirentes de tarjetas y los comprobantes Tipo 02 emitidos por el comercio, vinculando el Número de Comprobante Fiscal (NCF) con la transacción realizada.

Rodríguez también recomendó realizar auditorías específicas de notas de crédito, ya que se ha detectado un patrón en el que comercios emiten un volumen inusualmente alto de NCF de consumidor final seguido de notas de crédito para anular esas transacciones, una práctica utilizada para ocultar ventas y evadir impuestos.

Como parte de su propuesta, el consultor sugirió retomar el mecanismo de la lotería fiscal mediante una aplicación móvil oficial donde los ciudadanos puedan escanear el código QR de sus comprobantes de consumo final para participar en sorteos de efectivo o bienes, incentivando así la demanda de facturas formales.

Asimismo, recomendó lanzar campañas masivas de concienciación bajo el lema "Si pagas el ITBIS, exígelo", para educar al ciudadano sobre su derecho a recibir el comprobante fiscal y denunciar cuando el comercio se quede con el impuesto sin emitirlo.

Otras medidas incluyen la aplicación de un perfil tributario de alto riesgo para identificar comercios donde el 50% o más de sus ventas a consumidor final se realicen en efectivo, así como un control cruzado entre inventarios y ventas, comparando las compras reportadas en el Formato 606 con las ventas al consumidor final en el Formato 607 para detectar ingresos no declarados.

Rodríguez también abogó por la realización de auditorías de punto fijo, que consisten en la presencia de auditores de la DGII en establecimientos comerciales durante días de alta venta (fines de semana, feriados, etcétera) para validar que se entregue el comprobante de forma inmediata.

Propuso además formalizar un canal de denuncias dentro de la aplicación de la DGII, permitiendo a los ciudadanos reportar comercios que se nieguen a dar factura, cobren recargos por pagar con tarjeta o entreguen "comprobantes internos" sin validez fiscal.

En cuanto al régimen sancionador, recomendó aplicar sanciones ejemplares y visibles, como clausuras temporales y multas severas a comercios reincidentes, haciendo públicas las sanciones para generar un efecto disuasorio y aumentar la percepción de riesgo tributario en el sector.

Finalmente, planteó prohibir el reciclaje de NCF de consumidor final, es decir, el uso del mismo número de comprobante por varias personas en transacciones en efectivo, estableciendo que el NCF solo pueda ser modificado mediante notas de crédito dentro de los plazos y formas establecidos por ley.

Las propuestas fueron presentadas durante un conversatorio organizado por el Centro de Innovación y Capacitación Profesional (CAPEX) de la Corporación Zona Franca Santiago, en el que también participó Pedro Urrutia Sangiovanni, actual director de la DGII, quien confirmó que la institución está evaluando modificaciones a la estructura de los NCF de consumidor final tras detectar prácticas que permiten ocultar ventas y evadir el pago de impuestos.