Exdirector de SeNaSa y otros imputados solicitan revocación de prisión en Caso Cobra

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, junto a otros cinco imputados en el denominado Caso Cobra, comparecerá este miércoles ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para solicitar la revocación de su prisión preventiva y su sustitución por una medida de coerción menos gravosa.

La audiencia, que será presidida por el juez Deiby Peguero, se realizará tras haber sido aplazada el pasado lunes para permitir a las defensas técnicas la recopilación de los presupuestos necesarios para sustentar sus alegatos. Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo, este último recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

Todos los imputados solicitan la variación de la prisión preventiva por otra medida de coerción, alegando circunstancias que justificarían un cambio en su situación procesal. El Ministerio Público les atribuye una serie de delitos vinculados al presunto desfalco de más de RD$15 mil millones en perjuicio de SeNaSa, incluyendo coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, así como lavado de activos.

Las imputaciones forman parte de una investigación que se originó en diciembre de 2025 y que ha dado lugar a un entramado ampliado conocido como "SeNaSa 2.0", bajo el cual la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a la Dirección General de Persecución, mantiene abiertas las indagatorias para identificar y someter a la justicia a otros posibles implicados.

En el mismo proceso están vinculadas Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes actualmente cumplen medidas de coerción bajo arresto domiciliario. La revisión obligatoria de la medida de coerción constituye un derecho procesal que permite al juez evaluar si persisten los motivos que justificaron la prisión preventiva inicial.