Estados Unidos aplica segundo arancel a República Dominicana pese a negociaciones

El Gobierno dominicano insiste en la negociación como estrategia principal para enfrentar los aranceles impuestos por Estados Unidos, aunque estas gestiones no evitaron la aplicación de un segundo gravamen del 12.5 % relacionado con supuestas deficiencias en la lucha contra el trabajo forzoso.

Desde abril de 2025, cuando la administración de Donald Trump estableció un arancel general del 10 % a las exportaciones dominicanas, las autoridades han mantenido un diálogo permanente con Washington para revertir la medida. Sin embargo, más de un año después, en mayo de 2026, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) concluyó que República Dominicana no aplicaba de manera efectiva la prohibición sobre bienes producidos mediante trabajo forzoso, lo que abrió camino a nuevos gravámenes.

Un mes después de esa determinación, Estados Unidos confirmó un arancel adicional del 12.5 % para decenas de socios comerciales, incluida República Dominicana. Ante esta situación, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) aseguró que continuaría las negociaciones para lograr una reclasificación del país y reducir la carga arancelaria.

Como respuesta directa a los cuestionamientos estadounidenses, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 502-26, que prohíbe la importación de mercancías elaboradas total o parcialmente mediante trabajo forzoso y establece un procedimiento técnico para su verificación. Según la normativa, cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará una evaluación al Ministerio de Trabajo, que contará con un plazo de 60 días laborables, prorrogable por otros 30 días en casos complejos, para emitir un informe motivado.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que las conversaciones continúan con el objetivo de preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense y evitar una pérdida de competitividad frente a otros países. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Marranzini, advirtió que el impacto de los aranceles aún no se refleja plenamente en el corto plazo, pero podría afectar la capacidad exportadora del país en los próximos años.

Durante el período de negociaciones, se conformó una comisión gubernamental, se iniciaron contactos con la USTR y el MICM informó haber sostenido 22 reuniones con funcionarios estadounidenses. Pese a estas gestiones, la política comercial estadounidense continuó endureciéndose.

A un año de la entrada en vigor del arancel del 10 %, Estados Unidos había recaudado US$ 440.4 millones por las importaciones procedentes de República Dominicana. Según el MICM, esos pagos los realizan los importadores registrados en territorio estadounidense, aunque el costo repercute en la competitividad de las exportaciones dominicanas al reducir márgenes, presionar precios o disminuir la participación en el mercado.

Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de República Dominicana. En 2025, las exportaciones dominicanas hacia ese mercado alcanzaron US$ 7,124 millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 11,853 millones, manteniendo un superávit comercial favorable para la economía estadounidense —un argumento que el Gobierno dominicano ha utilizado durante las negociaciones para cuestionar la aplicación de los aranceles.

El MICM explicó que las conversaciones buscan evitar que República Dominicana pierda competitividad frente a otros exportadores y, de ser posible, lograr la eliminación de los aranceles que afectan productos estratégicos de la economía nacional. Asimismo, se busca fortalecer la relación comercial bilateral para reducir el riesgo de futuras medidas unilaterales y ofrecer mayor estabilidad a los sectores productivos dependientes del mercado estadounidense.