EE.UU. impone nuevos aranceles a 60 países por supuestos trabajos forzosos

El Gobierno de Donald Trump anunció nuevos aranceles entre el 10% y el 12,5% a importaciones de 60 países, medida que entrará en vigor a la medianoche entre jueves y viernes y que sustituye al arancel temporal global del 10% previamente vigente. La decisión se basa en una investigación sobre supuestos esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso, según informó la administración estadounidense.

Brasil fue uno de los primeros países en reaccionar, acusando a Washington de utilizar la lucha contra el trabajo forzoso como excusa para justificar una política comercial proteccionista. A través de un comunicado, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo que Estados Unidos "optó por manipular un tema tan importante" al carecer de un fundamento legal interno para sus medidas. Este nuevo arancel se suma al gravamen del 25% aplicado esta semana, elevando la carga acumulada sobre las exportaciones brasileñas a un potencial 37,5%, según un análisis de Amcham Brasil.

México, aunque incluido en la lista, evitó el impacto total gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La Secretaría de Economía detalló que alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas mantendrán arancel cero al estar amparadas por el tratado, mientras que el resto enfrentará un 10%, igual al nivel anterior bajo la sección 122. "Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene", señaló la dependencia, subrayando que se preserva la ventaja competitiva de México frente a otras economías afectadas.

Chile también respondió, señalando que cuenta con una sólida institucionalidad laboral y que negociará su exclusión de la lista. La Cancillería chilena afirmó que la aplicación de la medida a su país "no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados" durante la investigación. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), expresó preocupación por el impacto en la competitividad de las exportaciones nacionales y la incertidumbre generada para productores y trabajadores.

En otro ámbito, el Poder Ejecutivo de la República Dominicana emitió el Decreto núm. 502-26, que establece procedimientos para prevenir, identificar y restringir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. La normativa faculta a la Dirección General de Aduanas (DGA) para prohibir importaciones, ordenar reexportaciones o destrucción de mercancías, y llevar un registro administrativo de las prohibiciones, aplicándose incluso a bienes ya embarcados o en puertos.