EE.UU. impone aranceles del 10-12,5% a 60 países por supuestas omisiones en control de trabajo forzado

La administración Trump ha impuesto nuevos aranceles del 10% y 12,5% a más de 60 países, afectando aproximadamente el 99% de las importaciones estadounidenses, bajo la justificación de supuestas omisiones en el cumplimiento de prohibiciones al trabajo forzado.

Estos aranceles, aplicados mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, entraron en vigor tras la expiración de los aranceles temporales del 10% a nivel mundial y reemplazan a medidas previamente anuladas por el Tribunal Supremo en febrero. La medida se basa en la determinación de que los países afectados no han impuesto ni hecho cumplir efectivamente una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado.

Estados Unidos afirma haber realizado una investigación de cuatro meses, aunque no ha publicado detalles específicos sobre cómo se calcularon los porcentajes arancelarios. La Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) indicó que consultó a las 60 economías investigadas, realizó dos rondas de audiencias públicas y recibió más de 2.100 comentarios, pero mantuvo la confidencialidad de las conversaciones bilaterales.

Críticas internacionales y falta de evidencia según expertos

Varios países y analistas han cuestionado la medida, argumentando que aplica el mismo nivel arancelario a naciones con historiales muy diferentes en materia de derechos laborales. Brasil, sujeto a un arancel del 12,5%, calificó la política como "arbitraria e injustificada", acusando a Washington de manipular un tema de derechos humanos para fines proteccionistas.

De manera similar, Australia rechazó el arancel del 12,5% impuesto a sus exportaciones, con su ministro de Comercio, Don Farrell, afirmando que el país "se toma en serio el tema de la esclavitud moderna" y continuará haciéndolo.

"No hay muchas pruebas sólidas ahí", declaró Scott Lincicome, vicepresidente de economía y política comercial en el Cato Institute. "Es bastante risible pensar que un país como Noruega, Suiza o naciones europeas no hace lo suficiente para controlar el trabajo forzado".

El abogado Patrick Childress, socio de Holland & Knight y exfuncionario comercial estadounidense, añadió que incluso si los países adoptan las prohibiciones exigidas por EE.UU., deberán demostrar su aplicación a satisfacción de Washington antes de que se eliminen los aranceles, lo que sugiere que no habrá alivio a corto plazo.

Uso estratégico de la Sección 301 para evitar el Congreso

Según Barry Appleton, profesor de derecho y codirector del Centro de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Nueva York, la administración está utilizando la Sección 301 para imponer aranceles permanentes sin pasar por el Congreso. "El presidente no quiere llamar a la puerta principal del Congreso, así que está probando todas las puertas laterales y todas las ventanas sin cerrar para entrar", explicó Appleton.

Durante el primer mandato de Trump, esta misma sección se usó para imponer aranceles amplios a China en disputas tecnológicas y actualmente se aplica también para contrarrestar lo que Washington denomina prácticas injustas en la industria naval china.

Los expertos coinciden en que, aunque verificar la existencia de una prohibición legal contra el trabajo forzado es relativamente sencillo, determinar si un país la está aplicando de manera efectiva resulta complejo y propenso a interpretaciones subjetivas, lo que aumenta el riesgo de disputas comerciales prolongadas.