Economista critica aumento del impuesto a cheques y transferencias por afectar crecimiento e inclusión financiera

El economista Miguel Collado Di Franco advirtió que el aumento del impuesto a la emisión de cheques y transferencias electrónicas, aprobado mediante la Ley 30-26, contradice los objetivos de crecimiento económico e inclusión financiera que dicha normativa pretende promover. Según su análisis, elevar la tasa del 0.15 % al 0.20 % genera distorsiones tributarias que encarecen las transacciones y afectan especialmente a las cadenas productivas con múltiples etapas de pago.

El tributo fue creado originalmente en 2004 mediante la Ley 288-04, con una tasa inicial del 0.15 % sobre el valor de los cheques y transferencias realizadas a través de entidades financieras. Su origen se remonta incluso a una resolución de la Junta Monetaria del 27 de junio de 2003, que estableció una comisión del Banco Central sobre los cheques compensados diariamente en la Cámara de Compensación.

Sin embargo, apenas un año después, la Ley 557-05 dispuso la eliminación gradual del impuesto, con el objetivo de que desapareciera completamente para 2009. Este proceso nunca se concretó, ya que el artículo 27 de la Ley 495-06 revirtió dicha eliminación y convirtió el gravamen en permanente, lo que Collado Di Franco calificó como un retroceso en la política tributaria nacional.

Según el especialista, el impuesto tiene una clara vocación recaudatoria, pues las entidades de intermediación financiera actúan como agentes de retención, facilitando su cobro por parte de la administración tributaria. Aunque representa un tributo de bajo costo para el Estado, resulta oneroso para empresas y ciudadanos, ya que aumenta el costo de las operaciones bancarias y se traslada finalmente a los precios de los bienes y servicios.

"Es un tributo de bajo costo de recaudación para los gobiernos. La Administración tributaria realiza poco esfuerzo para recaudarlo. Barato para el recaudador. Pero costoso para los ciudadanos"

Collado Di Franco explicó que gravar las transacciones bancarias incrementa los costos en actividades productivas que requieren múltiples etapas de transformación y numerosos pagos entre proveedores. Mientras más compleja es la producción de bienes y servicios, mayor es el número de transacciones bancarias necesarias, por lo que el impuesto termina penalizando precisamente los procesos que generan mayor valor agregado.

Este costo adicional, advirtió, se traslada al precio final que pagan los consumidores y reduce la competitividad de la economía. Además, podría incentivar formas de integración empresarial no motivadas por eficiencia productiva, sino por la búsqueda de evitar el pago del impuesto entre empresas de una misma cadena de producción.

El economista también señaló que el gravamen entra en contradicción con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2022-2030, impulsada por el Estado bajo el liderazgo del Banco Central. Gravar las transferencias electrónicas y los cheques desincentiva el uso del sistema financiero formal, especialmente entre la población no bancarizada, al elevar el costo de las operaciones realizadas a través de las entidades bancarias.

En conclusión, Collado Di Franco propuso que una futura reforma tributaria debería contemplar la eliminación de este impuesto, argumentando que su supresión reduciría distorsiones, favorecería el crecimiento económico y sería coherente con las políticas públicas orientadas a ampliar la inclusión financiera y mejorar la competitividad nacional.