Doctor José Norberto advierte que complicaciones médicas no deben equipararse a delitos

El doctor José Norberto advirtió sobre los riesgos de interpretar automáticamente una complicación médica o un resultado adverso como un delito, especialmente tras los cambios introducidos por el nuevo Código Penal en República Dominicana. En un artículo de opinión publicado en Acento, el especialista sostuvo que la muerte de un paciente o la aparición de una complicación no constituyen, por sí mismas, prueba de conducta delictiva.

Según Norberto, es fundamental determinar las circunstancias en las que ocurrió el evento y establecer si hubo una desviación de los estándares aceptados de la práctica médica. El especialista destacó que una complicación médica puede presentarse incluso cuando el profesional actuó de acuerdo con los protocolos establecidos y tomó las medidas correspondientes.

Norberto distinguió esta situación de un error de buena fe, que ocurre cuando un médico toma una decisión razonable con base en la información disponible, pero el resultado no fue el esperado. En cambio, la negligencia implica una actuación que se aparta injustificadamente de los estándares de atención y ocasiona daño al paciente.

Para el doctor, establecer esa diferencia es esencial al momento de determinar responsabilidad profesional y, particularmente, si una conducta puede tener consecuencias penales. Señaló que la evaluación de un procedimiento debe considerar el riesgo previo del paciente, la complejidad de la enfermedad y las circunstancias de cada decisión tomada.

En procedimientos de alta complejidad, explicó, pueden producirse complicaciones aun cuando el tratamiento se haya realizado correctamente. Por ello, consideró insuficiente utilizar únicamente el desenlace para establecer que existió una actuación negligente.

Norberto sostuvo que la práctica médica implica asumir ciertos riesgos para tratar enfermedades y que la excelencia profesional no implica la ausencia total de complicaciones. Advirtió, además, que una mayor exposición penal podría llevar a algunos profesionales a modificar sus decisiones clínicas por temor a consecuencias legales, favoreciendo lo que se conoce como medicina defensiva.

Esta práctica, explicó, consiste en solicitar estudios, procedimientos o evaluaciones adicionales no necesariamente por razones clínicas, sino para reducir la exposición del profesional ante una eventual reclamación. Según el especialista, esto podría afectar tanto los costos del sistema sanitario como la atención de pacientes con enfermedades complejas.

El planteamiento de Norberto coincide con una discusión impulsada por el Colegio Médico Dominicano (CMD). Su presidente, Luis Peña Núñez, reclamó al presidente Luis Abinader cambios al Código Penal y un plan urgente de seguridad hospitalaria, considerando que aspectos de la nueva legislación deben revisarse para proteger el ejercicio profesional.

Peña Núñez también solicitó al Servicio Nacional de Salud la implementación de un plan urgente de seguridad hospitalaria, al señalar que se están vulnerando derechos del personal sanitario. El CMD ha planteado que los profesionales de la salud necesitan condiciones adecuadas de seguridad y protección legal para desempeñar sus funciones.

Norberto consideró que República Dominicana necesita mecanismos más sólidos para evaluar la calidad de la práctica médica y determinar técnicamente las causas de los eventos adversos. Propuso fortalecer los procesos de acreditación, supervisión y evaluación de los profesionales, así como contar con mecanismos independientes que analicen las circunstancias de una complicación y establezcan si hubo una desviación de los estándares de atención.

El objetivo, según su planteamiento, sería proteger al paciente cuando exista una actuación negligente, pero también garantizar seguridad jurídica a los profesionales que actúan conforme a las normas y conocimientos de su especialidad. Las posiciones de Norberto y del CMD colocan nuevamente sobre la mesa el impacto que tendrá el nuevo Código Penal en el ejercicio de la medicina en el país.