Diputados aprueban suspensión de 10 años para nuevas bancas de lotería y apuestas

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que suspende por diez años la apertura de nuevas bancas de lotería y locales de apuestas, con el objetivo de frenar el descontrolado crecimiento del sector y permitir la regulación de las más de 71,000 operaciones existentes. La medida, que ahora pasa al Senado para su revisión, forma parte de una reforma integral al marco de los juegos de azar en el país.

El proyecto exceptúa explícitamente a los casinos ubicados en hoteles de cuatro o más estrellas, reconociendo su carácter turístico y su mayor nivel de formalización. Esta exclusión busca evitar un impacto negativo en la industria hotelera, mientras se enfoca en ordenar el segmento de bancas y agencias deportivas, que ha experimentado una proliferación desmedida en los últimos años.

Según el diagnóstico técnico institucional que fundamenta la iniciativa, el problema central no radica en la ausencia de normas, sino en la imposibilidad material de las autoridades para fiscalizar un universo que ha crecido a una velocidad superior a la capacidad institucional de supervisión. Se estima que actualmente existen más de 71,000 bancas de loterías y agencias deportivas registradas ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, un número que ha desbordado la capacidad de control de los organismos reguladores.

Además de la suspensión de nuevas licencias, el proyecto incluye un régimen de amnistía fiscal condicionada, establecido en el artículo 192 de la Ley de Juegos de Azar. Este beneficio permite a los operadores acceder a descuentos sustanciales sobre deudas acumuladas por impuestos y tasas dejadas de pagar hasta diciembre de 2025, siempre que se encuentren regularizados y registrados formalmente. La amnistía busca incentivar la formalización del sector y ampliar la base tributaria.

Las autoridades destacan que la medida no es meramente punitiva, sino preventiva y organizacional. Con la suspensión por diez años, se busca congelar el crecimiento del sector, depurar el padrón comercial, validar las operaciones existentes e interconectar digitalmente los puntos de venta con los sistemas de control tributario de la Dirección de Impuestos Internos (DGII), antes de considerar cualquier futura ampliación del mercado.

El fondo legislativo subraya que el Estado enfrenta un desafío de capacidad, no de normatividad: «El problema central que enfrenta el Estado no ha sido principalmente la ausencia de reglas, sino la imposibilidad material de fiscalizar un universo que ha crecido a mayor velocidad que la capacidad institucional para supervisarlo». Este diagnóstico justifica la necesidad de un período de ordenamiento antes de avanzar hacia nuevas aperturas.