Corte confirma embargo de RD$500 millones contra hermanos Espaillat por caso Jet Set

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó las medidas de embargo conservatorio, retentivo e hipoteca judicial provisional por RD$500 millones contra los bienes de los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 80 heridas.

El tribunal, presidido por la magistrada Doris Josefina Pujols Ortiz e integrado además por Daisy Indhira Montás Pimentel, rechazó el recurso de apelación presentado por los hermanos Espaillat a través de sus abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez Núñez, Carlos Alberto Polanco Rodríguez, Bernardo Elías Almonte Checo y Francisco Moita Pacheco.

El magistrado Rafael Báez García, quien participó en la deliberación, no pudo suscribir la decisión debido a que se encontraba de vacaciones al momento de la firma.

La Corte consideró que las medidas de coerción real tienen un carácter cautelar, instrumental y provisional, por lo que no constituyen una condena civil anticipada, sino que tienen como finalidad preservar bienes suficientes para garantizar una eventual reparación de los daños ocasionados a las víctimas.

Los jueces también señalaron que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, estableció un límite económico preciso de RD$500 millones, por lo que ninguna actuación de ejecución de las medidas puede superar esa cantidad.

Uno de los principales argumentos planteados por los recurrentes fue que la pluralidad de víctimas podría provocar una afectación patrimonial superior al monto establecido por el tribunal de primer grado.

Sin embargo, la Corte estableció que la existencia de múltiples víctimas es una circunstancia propia de la estructura del proceso y que, por sí sola, no constituye una razón válida para privarlas del mecanismo cautelar previsto por la legislación.

El tribunal explicó que cualquier exceso que pudiera producirse durante la fase de ejecución cuenta con mecanismos de corrección contemplados en el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, entre ellos la reducción, limitación o cancelación del embargo cuando existan motivos serios y legítimos.

En ese sentido, los jueces concluyeron que los recurrentes no demostraron que las medidas autorizadas hubieran perdido su finalidad ni que se hubiese producido una afectación patrimonial superior a los RD$500 millones fijados como límite.

Por tanto, la Corte determinó que no procedía revocar las medidas ni sustituirlas por una fianza.

El recurso de apelación también fue interpuesto por Ana Grecia López y Evelyn Espaillat, así como por las sociedades comerciales Inversiones EyL, S.R.L.; Radio Cadena Comercial, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L., e Inversiones CCEP-2, S.A.

La impugnación estuvo dirigida contra el ordinal séptimo de la resolución núm. 057-2026-SACO-00101, dictada el 15 de junio de 2026 por el juez Raymundo Mejía.

Mediante esa decisión fue ordenado el auto de apertura a juicio contra Antonio y Maribel Espaillat, por la presunta violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal, en el proceso derivado del colapso del techo de la discoteca Jet Set.

Los recurrentes alegaron que la forma en que fue autorizada la medida conservatoria, como una garantía global de RD$500 millones, podía generar en la práctica una afectación patrimonial multiplicada, debido a que las víctimas constituidas en el proceso podrían trabar embargos de manera individual e independiente.

Según su planteamiento, esa situación podría provocar que las medidas de ejecución terminaran excediendo ampliamente el monto establecido por el tribunal de primer grado.

Por esa razón, solicitaron a la Corte revocar el ordinal séptimo de la resolución y sustituir las medidas conservatorias por una fianza equivalente otorgada por una compañía aseguradora, además de que fueran individualizados los nombres de los beneficiarios de dicha garantía.

Con la decisión de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación, las medidas conservatorias por RD$500 millones permanecen vigentes, sujetas al límite económico establecido por el tribunal de instrucción.