Congresistas dominicanos con negocios estatales tras entrada en vigencia de nueva ley

La entrada en vigencia de la Ley 47-25 sobre Compras y Contrataciones Públicas ha revelado que varios congresistas del país mantuvieron registros como proveedores del Estado bajo la anterior normativa, la Ley 340-06, y se beneficiaron de adjudicaciones posteriores a su toma de posesión como legisladores.

El caso más destacado corresponde al senador Moisés Ayala Pérez, representante de Barahona por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Tras ser electo diputado en agosto de 2020 y posteriormente senador, se confirmó que posee 65,000 acciones de Eco Petróleo Dominicana, S.A., adquiridas entre 2010 y 2013 por un valor aproximado de RD$6.5 millones, equivalente a menos del 10% del capital social de la empresa.

Aunque la empresa no figuraba como proveedora del Estado antes del 16 de agosto de 2020, el 28 de enero de 2021, el Ejército de la República Dominicana le adjudicó un contrato por RD$17,570,647 por suministro de combustible a granel y tickets. Desde entonces, Eco Petróleo incrementó significativamente su participación en las compras públicas, con al menos 386 contratos registrados por un monto total de RD$1,902,641,132 tras enero de 2021, según el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Otra senadora involucrada es Ginette Bournigal, de Puerto Plata, cuya declaración jurada de agosto de 2024 reveló su participación en Turinotv, SRL, junto con su esposo. Aunque la empresa no aparecía en sus declaraciones de 2016 y 2020, fue suspendida recientemente por la DGCP tras la entrada en vigencia de la Ley 47-25. No obstante, entre 2024 y 2025, Turinotv recibió tres contratos estatales por un total de RD$535,000, dos del Ministerio de Turismo y uno de la Dirección de Prensa del Presidente, para colocación de publicidad.

El senador Antonio Marte, de Santiago Rodríguez, también figura como accionista de Asetran, SRL, empresa que durante su primer período como senador (2020-2024) obtuvo al menos ocho contratos por RD$793,099 con instituciones como la Dirección General de Pasaportes, el INAPA, el Programa Supérate, el Servicio Geológico Nacional y los Institutos del Café y de Administración Pública. Marte también es accionista de Comercial La Sidra, SRL, cuya registración fue suspendida, aunque solo obtuvo dos contratos antes de su ingreso al Congreso.

En el caso de Alexis Victoria Yeb, senador de María Trinidad Sánchez, la DGCP informó en noviembre de 2021 que sus empresas vinculadas — Dronena, S.A. y Victoria Yeb, S.A. — recibieron catorce contratos por RD$1,720,375.08 después de su toma de posesión en agosto de 2020, en aparente violación de la Ley 340-06. Aunque esos registros fueron suspendidos, se investigó a Cristalia Dominicana, SRL, compañía de la que fue accionista y representante hasta mayo de 2020, que tuvo 118 procesos por más de RD$472 millones.

Victoria Yeb ofreció públicamente renunciar si se comprobaba que sus empresas habían sido adjudicadas tras su ingreso al Senado, pero no asistió a la sesión siguiente y, pese a los llamados de organizaciones como La Alianza Dominicana Contra la Corrupción para un juicio político, este no se concretó.

La exposición de estos casos pone en evidencia cómo la anterior ley permitió a legisladores mantener intereses económicos en empresas que contrataban con el Estado, una práctica que la nueva normativa busca eliminar mediante la suspensión de registros de proveedores vinculados a funcionarios públicos.