Comerciantes amenazan con paro nacional por Ley de Residuos Sólidos

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) anunció este martes la convocatoria a un paro comercial de 48 horas a nivel nacional para el mes de marzo, en protesta por los incrementos tarifarios establecidos en la Ley 98-25 que modifica la gestión de residuos sólidos. El anuncio fue realizado por el presidente de la federación, Iván García, durante una asamblea general del sector.

Rechazo a los incrementos tarifarios

La medida de fuerza responde al rechazo categórico de la FDC a la Ley 98-25, promulgada el 15 de diciembre de 2025, que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Según los comerciantes, la nueva normativa establece aumentos desproporcionados en las contribuciones para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Las estimaciones presentadas por la federación indican que los montos pasarían de RD$5,000 a RD$20,000 para microempresas, de RD$90,000 a RD$260,000 para pequeñas empresas, y de RD$260,000 a RD$675,000 para las medianas. García argumentó que esto generaría una recaudación total de alrededor de 22,000 millones de pesos para 2026, de la cual las mipymes aportarían el 88%, equivalente a más de 15,000 millones de pesos.

"No se puede castigar al sector que más empleo genera en la República Dominicana para beneficiar a cuatro empresas. La ley es para que se cumpla para todos los ciudadanos de una manera equitativa, no de una manera desproporcional", sentenció Iván García.

Plazo para modificaciones

La FDC otorgó un plazo al Congreso Nacional hasta el 28 de febrero del presente año para que modifique los montos establecidos para las mipymes y los restablezca a los valores previstos en la anterior Ley 225-20. De no atenderse su solicitud, procederán con la convocatoria al cierre comercial general.

Los comerciantes consideran que la ley viola principios constitucionales al no ser proporcional ni equitativa, y advierten que su aplicación dejaría desprotegidas a las mipymes, afectando su competitividad y capacidad para sostener empleos. García señaló específicamente que el artículo 36 de la norma "castiga" al sector con incrementos que calificó de "escandalosos".

En paralelo a esta controversia, la federación manifestó su expectativa de que la nueva administración de Pedro Urrutia Sangiovanni en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) inicie fiscalizaciones a todos los establecimientos comerciales, incluyendo tiendas de negociantes chinos, para garantizar la aplicación equitativa de la ley.

"Aquí la ley tiene que aplicársele a todo el mundo porque la ley es dura, pero es la ley. Estamos de acuerdo con la inversión extranjera, pero con la inversión extranjera que cumpla con las leyes de República Dominicana", afirmó García.

El conflicto pone en evidencia las tensiones entre la implementación de políticas ambientales y su impacto económico en el sector productivo, particularmente en las pequeñas y medianas empresas que constituyen una parte fundamental de la economía dominicana.