CIC exige inclusión inmediata de CODIA y ANPRAS en comisión de Ley 16-26

El Comité Institucional Codiano (CIC) ha solicitado formalmente la incorporación inmediata del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y la Asociación Nacional de Productores de Asfaltos (ANPRAS) como veedores en la comisión responsable de implementar la Ley 16-26, tras detectar su ausencia en las primeras reuniones del organismo.

Según informó el vocero del CIC, Ingeniero Miguel Liberato, la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26 inició sus actividades hace aproximadamente dos semanas y celebró su primera sesión sin la presencia de los representantes designados para ejercer funciones de vigilancia y seguimiento, lo que, a su juicio, contradice el espíritu de la normativa.

La veeduría fue concebida como un mecanismo permanente de observación durante todo el proceso de aplicación de la ley, desde la elaboración del protocolo operativo hasta la revisión de expedientes y la ejecución de pagos a contratistas estatales. Por ello, el CIC considera que la participación de CODIA y ANPRAS no debe depender de invitaciones discrecionales, sino que constituye una obligación derivada directamente del artículo 16 de la Ley 16-26.

"Los veedores no tienen que esperar una invitación discrecional para participar, pues la propia ley los constituye como parte del mecanismo de control y transparencia de todo el proceso", afirmó Liberato.

El CIC ha remitido comunicaciones oficiales a ambas instituciones para solicitar su integración formal en la comisión y ha enfatizado que su presencia debe mantenerse en todas las reuniones, deliberaciones y decisiones relacionadas con la aplicación de la normativa, argumentando que su participación aporta supervisión técnica y ciudadana esencial para garantizar la credibilidad del proceso.

La organización advirtió que la exclusión de los veedores podría afectar la percepción de transparencia y reducir las garantías para contratistas, instituciones públicas y ciudadanos, especialmente en un contexto donde diversos sectores de la construcción han insistido en la necesidad de agilizar los pagos pendientes del Estado y asegurar procedimientos claros para la revisión de expedientes.

El mecanismo de vigilancia establecido por la Ley 16-26 busca precisamente evitar cuestionamientos sobre la selección, validación y pago de obligaciones pendientes vinculadas con contratos de obras estatales, mediante una comisión ejecutora y sistemas de seguimiento diseñados para fortalecer la transparencia y el cumplimiento de las disposiciones legales.

La semana pasada, el CIC también solicitó al Congreso Nacional aprobar una resolución para exhortar al Poder Ejecutivo a incluir recursos en un presupuesto complementario destinados al inicio del pago de las acreencias estatales, lo que refleja un esfuerzo integral por parte de la organización para mejorar la gestión financiera pública en el sector de la construcción.