Cámara de Cuentas detecta RD$16,600 millones en operaciones sin respaldo en MINERD (2019-2020)

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana identificó más de RD$16,600 millones en operaciones del Ministerio de Educación (MINERD) correspondientes al período 2019-2020 que carecían de documentación suficiente para respaldar su registro contable. Según el informe financiero de 618 páginas, las fallas se centraron en la organización, custodia y disponibilidad de expedientes esenciales para verificar el uso de recursos públicos.

Los hallazgos más significativos se concentraron en la gestión del exministro Antonio de Jesús Peña Mirabal, quien dirigió la cartera desde el 25 de febrero de 2019 hasta el 16 de agosto de 2020. La auditoría registró 97 observaciones financieras y administrativas en distintas áreas del manejo institucional, destacando la ausencia de soportes contables necesarios para validar gastos, deudas, activos y remuneraciones.

El desglose de las inconsistencias revela que la entidad no presentó documentación para respaldar registros contables por RD$2,062,263,074, mientras que otras operaciones por RD$14,590,164,739 contaron solo con expedientes parcialmente completos. Entre las áreas más afectadas figuran cuentas por pagar (RD$491,044,657), retenciones y acumulaciones por pagar (RD$162,514,263), otros pasivos corrientes (RD$286,153,860) y capital acumulado (RD$1,122,550,294).

En el ámbito de los activos fijos, se identificaron soportes incompletos por RD$897,723,665, incluyendo facturas faltantes, certificaciones de la Tesorería de la Seguridad Social, órdenes de compra y certificaciones de existencia de fondos. Asimismo, el rubro de remuneraciones y contribuciones presentó inconsistencias por RD$12,865,206, debido a la ausencia de nóminas, boletos aéreos, facturas y listados de participantes.

Otras observaciones relevantes incluyen RD$113,932,316 en otros pasivos corrientes sin convenios o contratos que justificaran las transferencias, RD$152,132 en materiales y suministros sin registros de proveedores del Estado, y RD$134,845,464 en transferencias de capital relacionadas con la compra de un terreno cuyo expediente carecía del título de propiedad.

La Cámara de Cuentas fundamentó sus observaciones en el Decreto 526-09, reglamento de aplicación de la Ley 126-01, que establece la obligación de las instituciones públicas de conservar documentación comprobatoria y presentarla cuando sea requerida por los órganos de control. El organismo enfatizó que la conservación de estos archivos no es un requisito formal, sino una responsabilidad esencial para garantizar la transparencia en el uso de fondos, bienes y derechos del Estado.

Durante el proceso de auditoría, funcionarios y exfuncionarios del MINERD ofrecieron explicaciones sobre las inconsistencias. El entonces director general financiero, Cástulo Manuel Vidal Sánchez, atribuyó algunas entradas a errores automáticos del sistema Dynamics, mientras que la exdirectora de Contabilidad, Elba Luisa Ramírez, vinculó ciertos balances a retenciones de impuestos no liquidadas y saldos arrastrados de años anteriores.