Banco Central rechaza reclamo de US$5 millones por sentencia no definitiva

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) rechazó públicamente la campaña de presión mediática impulsada por el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral, que busca obtener el pago de US$5 millones basado en una sentencia judicial que aún no tiene carácter definitivo ni autoridad de cosa juzgada.

Según el comunicado oficial del BCRD, dicha sentencia está siendo recurrida ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia por un equipo de abogados, por lo que intentar ejecutarla mediante embargos retentivos constituye, según la entidad, representa un desconocimiento del ordenamiento jurídico dominicano y un uso abusivo de las vías legales.

El origen del caso se remonta a 1999, cuando el Poder Ejecutivo solicitó a la Junta Monetaria una operación para saldar deudas del Estado con contratistas que participaron en la ampliación de la Autopista Duarte durante la década de 1990. En ese marco, el BCRD suscribió un contrato de dación en pago con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) el 18 de octubre de 1999, mediante el cual el CEA se comprometió a entregar terrenos en San José de los Llanos, provincia San Pedro de Macorís, como contraprestación por los terrenos que el BCRD transferiría a los contratistas.

Posteriormente, el 8 de diciembre de 1999, el Banco Central firmó un acuerdo con la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, comprometiéndose a saldar la deuda con diversos contratistas, incluido el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral, mediante la transferencia de 5,000 metros cuadrados dentro de los terrenos del antiguo Aeropuerto Internacional de Herrera o mediante venta pública.

El 11 de agosto de 2004, el BCRD y el consorcio suscribieron un acto de dación en pago, mediante el cual la institución transfirió al consorcio una porción de 5,000 metros cuadrados dentro de la parcela núm. 110-Reform.-780-T-11, del Distrito Catastral núm. 1, del Distrito Nacional. Ese mismo día, se entregó el original del certificado de título al ingeniero José Miguel Méndez Cabral, representante legal del consorcio, para tramitar la transferencia y la reducción del metraje correspondiente.

El 12 de noviembre de 2004, a solicitud del consorcio, el Registro de Títulos del Distrito Nacional expedió una constancia anotada en el certificado de título núm. 75-1784, que ampara su derecho de propiedad sobre los 5,000 metros cuadrados. El BCRD sostuvo que cumplió con su obligación al entregar el certificado de título en los términos pactados, permitiendo al consorcio registrar la porción a su nombre y obtener la constancia correspondiente.

La entidad aclaró que el inmueble era no deslindado en ese momento y que, conforme al acuerdo, correspondía al consorcio coordinar y realizar las diligencias técnicas y procesales necesarias para la individualización de sus derechos, teniendo pleno conocimiento del estatus jurídico del bien, acceso a su ubicación y haber recibido la transferencia del derecho de propiedad.

Como respaldo, el BCRD citó un informe técnico-catastral realizado el 6 de marzo de 2026 por un agrimensor actuante, el cual verificó que el consorcio había transferido el inmueble a su nombre y que actualmente figura como legítimo propietario de la porción de 5,000 metros cuadrados dentro de la parcela indicada. El informe también confirmó que, a la fecha del levantamiento, dicha porción seguía disponible.

Finalmente, el Banco Central recordó que el 26 de enero de 2007, el consorcio impugnó el deslinde realizado por Grand Realty, S.A., pero el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Departamento Central declaró inadmisible la demanda por falta de legitimación activa de los demandantes, teniendo en cuenta que, al momento de los deslindes, el consorcio no tenía el derecho legal para actuar como demandante en ese proceso.