Banco Central rechaza pago de US$5 millones a consorcio y defiende cumplimiento de acuerdo

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) rechazó este jueves las presiones del Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral para el pago de aproximadamente US$5 millones, argumentando que la sentencia que reconoce dicha indemnización no es definitiva y se encuentra actualmente recurrida ante la Suprema Corte de Justicia.

Según el comunicado oficial del BCRD, el conflicto se origina en un acuerdo de agosto de 2004, mediante el cual el Estado transfirió al consorcio derechos sobre 5,000 metros cuadrados de terrenos ubicados en el antiguo Aeropuerto Internacional de Herrera, como parte del mecanismo para saldar deudas con empresas que participaron en la ampliación de la Autopista Duarte.

El Banco Central sostiene que cumplió con sus obligaciones al entregar al consorcio el certificado de título correspondiente, lo que permitió el registro de la propiedad a su nombre. Asimismo, señala que el contrato establecía que las labores de deslinde y subdivisión del terreno eran responsabilidad del consorcio.

El desacuerdo surgió cuando el consorcio alegó no haber podido tomar posesión efectiva de la propiedad debido a que otros contratistas habían realizado previamente trabajos de deslinde dentro de la misma parcela. Antes de esta controversia, el consorcio había demandado la nulidad de esos deslindes, acción que fue declarada inadmisible por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Departamento Central por falta de legitimación activa, decisión posteriormente confirmada en instancias superiores.

En junio de 2017, el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral inició una nueva acción judicial solicitando la rescisión del contrato de dación en pago y una indemnización por daños y perjuicios. El proceso culminó con una decisión favorable al consorcio por parte de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

No obstante, el BCRD enfatiza que dicha resolución no es definitiva, pues fue recurrida en casación ante la Suprema Corte de Justicia. La institución advierte que, dependiendo del resultado, podrían abrirse posteriormente vías de revisión ante el Tribunal Constitucional.

Además, el Banco Central cuestionó los intentos del consorcio de ejecutar la decisión mediante embargos retentivos, considerando que se estaría intentando cobrar una sentencia aún susceptible de modificación o anulación.

Como respaldo técnico, el BCRD citó un informe de verificación y análisis técnico-catastral realizado el 6 de marzo de 2026, el cual determinó que el consorcio figura como propietario de los 5,000 metros cuadrados y que dicha porción de terreno continúa disponible.

La entidad también denunció lo que calificó como una estrategia de presión en medios de comunicación y redes sociales para presentar el caso como si ya existiera un crédito firme contra el Banco Central, y reiteró su posición de que los tribunales evalúen las pruebas aportadas durante el proceso, incluyendo dicho informe técnico, que, según afirma, no fue tomado en consideración por la Corte de Apelación.

El caso permanece pendiente de decisión ante la Suprema Corte de Justicia, donde se determinará la validez del fallo que reconoció la indemnización y, en consecuencia, si el Banco Central deberá asumir finalmente el pago reclamado por el consorcio.