Banco Central apelará fallo que le obliga a pagar US$5 millones por terrenos de Herrera

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) anunció que apelará una decisión judicial que lo obliga a pagar US$5 millones al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral, en el marco de una disputa por terrenos del antiguo Aeropuerto de Herrera, ubicada en Santo Domingo Oeste.

La entidad reaccionó este miércoles tras la difusión de informaciones sobre la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, señalando que dicha resolución presenta una "visión incompleta" del caso, ya que el proceso judicial aún no ha concluido definitivamente.

Según el BCRD, el fallo está sujeto a los recursos legales contemplados en la legislación dominicana, incluyendo la posibilidad de que el expediente llegue nuevamente a la Suprema Corte de Justicia, que tendría que conocer y decidir sobre los recursos de casación que se interpongan.

Origen de la disputa: operaciones de 1999 para pagar deuda estatal

El conflicto tiene sus raíces en operaciones realizadas a partir de 1999, cuando el Banco Central entregó terrenos de su propiedad en Herrera a contratistas del Estado, mediante la figura de dación en pago, para saldar acreencias vinculadas a la ampliación de la Autopista Duarte.

La operación fue realizada a requerimiento del Poder Ejecutivo y con autorización previa de la Junta Monetaria, y formó parte de un contrato de permuta suscrito el 18 de octubre de 1999 entre el BCRD y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), posteriormente aprobado por el Congreso Nacional.

Según la explicación del Banco Central, el CEA se comprometió a entregar terrenos en San José de los Llanos, provincia San Pedro de Macorís, como contraprestación por los inmuebles de Herrera transferidos a los contratistas para cubrir las obligaciones del Estado.

BCRD rechaza acusaciones de ilegalidad y defiende su accionar

El Banco Central rechazó enfáticamente que su participación en estas operaciones pueda interpretarse como una apropiación ilegal de terrenos o como una acción destinada a perjudicar a los contratistas.

"La institución ha actuado en todo momento en el marco de sus competencias legales y en cumplimiento de las responsabilidades que le fueron asignadas", sostuvo el BCRD en su comunicado oficial.

La entidad afirmó respetar las decisiones de los tribunales y el debido proceso, pero dejó claro que ejercerá todos los recursos legales necesarios para defender tanto sus intereses como los del Estado dominicano.

Además, el BCRD indicó que continuará presentando ante las instancias judiciales los documentos y argumentos jurídicos que respalden la legalidad y el contexto en que se realizaron las operaciones que dieron origen al litigio, el cual ha recorrido diversas jurisdicciones durante años, incluyendo el Tribunal Superior de Tierras, y ha sido objeto previo de recursos de casación.