Banco Central aclara proceso judicial por terrenos del antiguo Aeropuerto de Herrera

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) emitió un comunicado para aclarar informaciones difundidas en medios de comunicación sobre un proceso judicial relacionado con terrenos ubicados en el área del antiguo Aeropuerto de Herrera, en el Distrito Nacional.

Según la entidad, las publicaciones que mencionan una supuesta sentencia que obliga al pago de 5 millones de dólares al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral presentan una visión incompleta del caso, ya que omiten el estado actual del proceso y los recursos legales pendientes.

El proceso judicial ha tenido una extensa trayectoria, pasando por distintas instancias como el Tribunal Superior de Tierras y recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia. La decisión de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional permanece sujeta a los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico dominicano, incluyendo la revisión definitiva por parte de la Suprema Corte.

En cuanto al origen del litigio, el BCRD explicó que la operación se enmarca en el pago de acreencias de contratistas del Estado para la ampliación de la Autopista Duarte, gestionada entonces por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.

A partir de 1999, el Banco Central entregó a los contratistas, a título de dación en pago y por cuenta del Estado dominicano, terrenos de su propiedad en el sector de Herrera, conforme a requerimiento del Poder Ejecutivo y previa autorización de la Junta Monetaria.

Esta acción se derivó de un contrato de permuta suscrito el 18 de octubre de 1999 entre el Banco Central y el Consejo Estatal del Azúcar, aprobado por el Congreso Nacional. En virtud de dicho acuerdo, el Consejo Estatal del Azúcar se comprometió a entregar al Banco Central terrenos en el municipio de San José de los Llanos, provincia San Pedro de Macorís, como contraprestación por los terrenos transferidos a los contratistas.

El Banco Central rechazó categóricamente cualquier interpretación que pretenda presentar su actuación como una apropiación ilegal de terrenos o como una conducta orientada a perjudicar a los contratistas, afirmando que ha actuado en todo momento dentro de sus competencias legales y en cumplimiento de sus responsabilidades institucionales.

La institución reiteró su respeto al debido proceso, a la institucionalidad y a las decisiones de los tribunales, al tiempo que se reservó el derecho de ejercer los recursos legales correspondientes para defender los intereses del Estado dominicano y de la propia entidad.

Finalmente, el BCRD aseguró que continuará aportando ante las instancias judiciales todos los elementos documentales y jurídicos que sustenten su posición y permitan establecer con precisión los hechos y responsabilidades relacionadas con este proceso.