Aumento de la morosidad en Argentina tras las reformas económicas de Milei

Un número creciente de argentinos enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones de deuda tras las medidas de ajuste económico implementadas por el gobierno de Javier Milei. Según datos del grupo Equilibra, el 16,3 por ciento de los créditos otorgados a particulares presenta al menos tres meses de atraso, lo que afecta a aproximadamente 5,8 millones de personas, casi un tercio de todos los prestatarios del país.

El caso de Jonatan Verón, un conductor de Uber de 41 años de La Plata, ilustra esta tendencia. Tras solicitar un préstamo bancario de unos 1.300 dólares para reparar su vehículo a principios de 2025, Verón comenzó a atrasarse en los pagos debido a la insuficiencia de sus ingresos. Posteriormente, tras el reventón de una llanta, recurrió a un prestamista informal que le otorgó 330 dólares adicionales a una tasa de interés del 300 por ciento, lo que elevó su deuda total a más de 11.000 dólares, incluyendo obligaciones con familiares y proveedores de servicios.

La morosidad se vincula directamente con las reformas económicas de Milei, quien logró reducir la inflación anual de un máximo de 289 por ciento a principios de 2024 al 34 por ciento mediante recortes al gasto público y medidas de austeridad. Sin embargo, esta estabilización ha tenido efectos colaterales: mientras los bancos tienen mayor incentivo para prestar, muchas familias han visto aumentar su necesidad de endeudarse debido a la pérdida de poder adquisitivo.

Durante años, los argentinos habían acostumbrado a que la inflación licuara el valor real de sus deudas, pero con tasas de interés reales ahora marcadamente positivas y frecuentemente superiores a tres dígitos, ese mecanismo ya no opera. Este cambio estructural ha convertido el crédito en una carga más pesada para los hogares, especialmente aquellos con ingresos estancados o en declive.

Los sectores más afectados incluyen la construcción, la industria manufacturera y el comercio minorista, que han experimentado una desaceleración, mientras que actividades exportadoras como la agricultura y la energía muestran un desempeño más dinámico. Esta divergencia ha generado un sentimento de desigualdad en la percepción del crecimiento económico.

"Hay crecimiento económico, pero la gente no lo siente"

, declaró Nery Persichini, jefe de investigación de GMA Capital, reflejando el sentir de amplios sectores de la población que afrontan dificultades para llegar a fin de mes nonostante los indicadores macroeconómicos mejoren.

La cuestión de la deuda personal se ha convertido en un eje central de la crítica opositora. La oposición peronista de izquierda ha unificado su discurso alrededor de esta problemática, acusando al gobierno de Milei de obligar a la población "a endeudarse para sobrevivir". Recientemente, sindicatos marcharon en Buenos Aires exigiendo medidas de alivio para los deudores.

Desde la presidencia, se respondió que las cifras de morosidad "no muestran una situación de crisis" y que los atrasos "tienden a disminuir", citando la estabilización observada en los datos de junio respecto a mayo. Los funcionarios del gobierno argumentan que el aumento en la morosidad refleja una "expansión largamente postergada del mercado de crédito privado", que actualmente representa apenas el 12 por ciento del PIB, nivel considerado bajo frente a países vecinos.

Además, señalan que el alza en las tasas de interés del año anterior fue una medida preventiva de los prestamistas ante la volatilidad electoral de medio término. El propio Milei ha mostrado poca empatía hacia los deudores, cuestionando en una entrevista televisiva si "les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo", y describiendo los atrasos como "un problema entre privados".

No obstante, economistas como Amílcar Collante, fundador de la consultora Profit, advierten que la magnitud del fenómeno trasciende lo microeconómico:

"Con tanta gente involucrada, esto deja de ser un tema microeconómico y amenaza con convertirse en uno macroeconómico"

, advirtiendo que podría afectar la estabilidad financiera sistémica si no se aborda adecuadamente.

El gobierno ve al crédito privado como una herramienta clave para estimular el consumo y la actividad económica, cuyo crecimiento ha sido más lento de lo anticipado. En este sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha impulsado medidas como la flexibilización de restricciones a los préstamos bancarios en dólares para empresas y la presentación de un plan para desarrollar el mercado hipotecario.

Históricamente, la volatilidad económica argentina ha desalentado la intermediación financiera privada, llevando a los bancos a preferir colocar fondos en deuda nacional, que en años recientes ha crecido mediante emisión de títulos con altos intereses para financiar el gasto público. La actual administración busca revertir este patrón, aunque lo hace en un contexto de creciente presión social por el impacto de la deuda en los hogares.