Arancel del 12.5% de EE.UU. afecta dispositivos médicos, tabaco y textiles de zonas francas dominicanas

La administración de Donald Trump anunció un arancel adicional del 12.5% a las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos, medida que ha generado incertidumbre en el gobierno y el sector empresarial exportador del país. Según un análisis realizado por la firma consultora Naut & Associates, este arancel forma parte de una política comercial estadounidense destinada a presionar a los países para que adopten legislaciones que prohíban la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Los sectores más afectados por el nuevo arancel son los instrumentos y aparatos médicos, los cigarros, las prendas de vestir como t-shirts y camisetas, la joyería, los disyuntores, los aparatos de electrodiagnóstico, las preparaciones farmacéuticas, los artículos plásticos y el cacao en grano. El informe destaca que el sector de confecciones de zona franca resulta particularmente vulnerable, ya que además de enfrentar el arancel del 12.5%, compite con países como Guatemala, El Salvador y Honduras, que disfrutan de una tasa preferencial del 10% bajo el DR-CAFTA.

Impacto en dispositivos médicos y confecciones

En el caso de los dispositivos médicos, aunque representan uno de los productos más expuestos en términos de valor, su estructura de manufactura por contrato (contract manufacturing) para multinacionales con plantas globales podría permitir inicialmente la absorción del costo dentro de las cadenas de suministro corporativas. Sin embargo, el análisis advierte que, de persistir la brecha arancelaria, existe un riesgo de mediano plazo de relocalización de nuevas líneas de producción hacia jurisdicciones con arancel del 10%, como México.

El sector tabacalero también enfrenta presiones, pese a que su consumidor final en el segmento premium es relativamente inelástico. Ya había absorbido incrementos arancelarios sucesivos desde 2025, y este nuevo aumento erosiona los márgenes de fabricantes dominicanos e importadores/distribuidores estadounidenses, especialmente frente a competidores como Honduras, que sí calificó para la tasa preferencial del 10%.

Riesgos estructurales y reputacionales

Katrina Naut, presidenta de Naut & Associates Consulting Group y experta en comercio internacional, señala como riesgos derivados de esta medida: la desviación de inversión extranjera directa hacia zonas francas de países con arancel del 10% o inferior; la presión sobre el empleo formal en zonas francas, particularmente en los subsectores de dispositivos médicos y confecciones, que concentran la mayor parte del empleo directo del régimen; y la exposición reputacional, al quedar la República Dominicana agrupada con 53 economías que, según EE.UU., "no imponen ni aplican efectivamente" una prohibición sobre bienes de trabajo forzoso.

Esto podría generar, a futuro, mayor escrutinio de debida diligencia por parte de compradores estadounidenses y una mayor exposición a órdenes de retención de la Aduana de Estados Unidos (CBP), más allá del efecto puramente arancelario.

Un hallazgo clave del análisis es que la República Dominicana no obtuvo un anexo de exenciones específico por país en el proceso de comentarios y audiencias públicas, a diferencia de doce economías o bloques que sí lo lograron, entre ellos Reino Unido, Unión Europea, Suiza, Malasia, Camboya, Guatemala, El Salvador, Argentina, Bangladesh, Taiwán, Indonesia, Ecuador y Jordania. Mientras países como Guatemala y El Salvador lograron excluir productos puntuales de su interés nacional y además se benefician de la tasa del 10%, República Dominicana no obtuvo en esta ronda ninguna concesión de producto adaptada a su canasta exportadora.

El informe concluye que el diferencial arancelario de 2.5 puntos porcentuales frente a competidores centroamericanos y otros orígenes relevantes (México, Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Jordania), sumado a la ausencia de un mecanismo de exención sectorial bajo el DR-CAFTA del cual Guatemala y El Salvador sí se benefician, configura una desventaja competitiva estructural para el país en los sectores de manufactura ligera y ensamblaje, que sostienen el empleo formal de sus zonas francas.