Aplazan audiencia contra oficial del Ejército por violencia de género y trata de personas

El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís aplazó para el 2 de octubre la audiencia para conocer la acusación del Ministerio Público contra Orlando Ramírez Medina, oficial del Ejército y empresario, procesado por presuntos hechos de violencia de género, intrafamiliar y trata de personas en perjuicio de su expareja, una ciudadana venezolana.

La aplazamiento se debió a la falta de quórum, ya que solo compareció una jueza del tribunal colegiado, lo que impidió la conformación completa del órgano jurisdiccional. La procuradora adjunta María del Carmen de León, de la Dirección de Dictámenes y Litigios ante las Altas Cortes y parte del equipo litigante, confirmó el aplazamiento al salir de la audiencia.

Este no es el primer aplazamiento en el caso. En la audiencia anterior, celebrada el 27 de mayo, la víctima no fue trasladada al tribunal, situación que la procuradora calificó como recurrente y obstaculizadora del avance del proceso. Posteriormente, la audiencia fue reprogramada para el 27 de julio, pero los jueces se inhibieron alegando haber conocido previamente un proceso penal que involucra a la víctima.

"El Ministerio Público está listo para conocer su acusación. Siempre estamos listos, ya lo demás escapa a una respuesta de nosotros", expresó la procuradora adjunta María del Carmen de León.

El caso, que lleva aproximadamente seis años en investigación, fue denunciado ante la Unidad de Atención a Víctimas por Violencia de Género de San Pedro de Macorís. Según el expediente, el 13 de noviembre de 2019, alrededor de las 7:10 a.m., Ramírez Medina habría agredido físicamente y amenazado de muerte a la víctima en su residencia ubicada en el sector Hazim de San Pedro de Macorís.

Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de esa fecha establece que la víctima presentó múltiples traumas en el antebrazo derecho y la pierna derecha. Durante las pesquisas, se documentaron lesiones adicionales: abrasiones, heridas contusas en la región parietal del cráneo, ambos brazos, pierna derecha, tórax posterior, y pérdida de uñas en el índice y dedo mayor de la mano derecha.

Las evaluaciones psicológicas revelaron altos niveles de ansiedad, tensión, preocupación constante, irritabilidad, dificultad para dormir y síntomas significativos de depresión. El Ministerio Público sostiene que estas secuelas son producto de un patrón de abusos que incluyó violencia física reiterada y amenazas de deportación.

Además de los hechos de violencia, el órgano acusador sostiene que Ramírez Medina cometió el delito de trata de personas. Según la investigación, habría contactado a la víctima mediante redes sociales, facilitado su ingreso al país y luego la explotó laboralmente, ejerciendo fuerza, abuso de poder y aprovechándose de su vulnerabilidad migrante y emocional.

La acusación indica que estas acciones configuraron una relación servil, limitando la libertad ambulatoria y el derecho a la intimidad de la víctima. El equipo del Ministerio Público integrado por María del Carmen de León, Yoanna Bejarán (titular de la PETT) y América Ramírez (fiscal de San Pedro de Macorís) sostiene que el procesado ha utilizado tácticas dilatorias para entorpecer el proceso judicial.

La investigación fue realizada conjuntamente por la Fiscalía del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT). La procuradora adjunta calificó el caso como delicado por involucrar presuntas violaciones a derechos fundamentales protegidos por la Constitución y tratados internacionales como la Convención de Palermo.