ANJE advierte que cambios al Código Penal generan incertidumbre para empresas

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) expresó su preocupación por la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto de ley que modifica disposiciones del nuevo Código Penal, advirtiendo que el proceso legislativo desaprovechó la oportunidad de establecer reglas más claras sobre la responsabilidad penal de las empresas.

La organización empresarial sostuvo que el país necesita un Código Penal moderno y acorde con su realidad económica y social, pero consideró que esa necesidad no debe utilizarse como argumento para aprobar una normativa sin tomar en cuenta las observaciones técnicas formuladas por el sector privado.

Uno de los principales cuestionamientos de ANJE se refiere al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que, según la entidad, podría generar incertidumbre y afectar de manera particular a las micro y pequeñas empresas.

La asociación también criticó que la discusión legislativa se haya desarrollado con rapidez y sin una consulta intersectorial suficiente. En ese sentido, consideró insuficiente la decisión de postergar por apenas tres meses la entrada en vigencia de las disposiciones relativas a la responsabilidad penal empresarial, debido a que, pese a abrirse un proceso de consulta, las observaciones remitidas por el sector empresarial no fueron incorporadas.

ANJE planteó que el régimen de responsabilidad penal de las empresas debería establecer criterios objetivos para determinar cuándo una entidad puede ser penalmente responsable. Entre estos mencionó que la infracción haya sido cometida por cuenta o en beneficio de la empresa y que exista un incumplimiento grave de sus deberes de organización y control.

También pidió que la imprudencia o negligencia genere responsabilidad penal únicamente en los casos expresamente establecidos por la ley y que se reconozcan de manera más precisa los esfuerzos de las empresas para prevenir delitos mediante programas de cumplimiento.

La organización consideró, además, que la legislación debería establecer reglas diferenciadas para las micro y pequeñas empresas y precisar los mecanismos de certificación aplicables a los programas de cumplimiento, con el propósito de evitar que las nuevas obligaciones produzcan efectos desproporcionados sobre negocios de menor tamaño.

ANJE sostuvo que el Código Penal debe permitir perseguir las conductas ilícitas, pero también ofrecer reglas previsibles para las empresas que cumplen con la ley, con el argumento de que la seguridad jurídica es un elemento necesario para incentivar la inversión, el emprendimiento y la generación de empleos.

La entidad manifestó que está dispuesta a continuar el diálogo con el Congreso Nacional y propuso que, durante el primer año de aplicación del Código Penal, se cree una comisión permanente integrada por técnicos y académicos para evaluar las dificultades que surjan en la práctica y recomendar ajustes a las disposiciones sobre responsabilidad penal empresarial.

La posición de ANJE se produce mientras el Congreso avanza en la modificación de las disposiciones del Código Penal relacionadas con la responsabilidad de las personas jurídicas, un tema que ha generado preocupación entre sectores empresariales por las consecuencias que podría tener sobre el funcionamiento y cumplimiento legal de las compañías.