Aduanas explica legalidad de importaciones de marcas blancas y revela decomiso de cigarrillos en Caucedo

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, aclaró que los productos de marca blanca ingresan al país bajo el amparo de tratados internacionales de libre comercio, descartando que su entrada se deba a fallas operativas o de recaudación estatal.

Ante las quejas recurrentes de productores locales sobre una supuesta competencia desleal, el funcionario precisó que artículos como la leche importada ingresan con exenciones arancelarias legítimas establecidas en pactos comerciales vigentes, específicamente los acuerdos DR-CAFTA y EPA.

"No se trata de una falla de recaudo ni de contrabando. Estos productos ingresan al país con exenciones arancelarias legítimas amparadas bajo los tratados internacionales DR-CAFTA y EPA", puntualizó Arroyo durante una entrevista en el programa Hoy Mismo de Color Visión.

Explicó que la institución está legalmente impedida de cobrar impuestos adicionales a estas mercancías, lo que genera una desventaja estructural para la industria nacional, que debe competir con costos de producción locales frente a artículos extranjeros protegidos por estos acuerdos.

Al abordar el tema de los ilícitos aduaneros, Arroyo advirtió que la elevada carga tributaria ha provocado una distorsión comercial en el territorio nacional, favoreciendo el crecimiento del mercado negro.

"Los altos impuestos a los derivados del tabaco y el alcohol han propiciado un mercado negro donde marcas desconocidas desplazan rápidamente a las tradicionales", aseguró el titular de Aduanas sobre el auge de estas redes de distribución.

Como prueba del volumen de estas operaciones ilícitas y la evasión de controles, destacó un decomiso reciente en el Puerto Caucedo de dos contenedores que camuflaban 961 televisores y 4,5 millones de cigarrillos, lo que refleja la magnitud del contrabando en la zona.

Las declaraciones del funcionario buscan transparentar la operatividad logística de la entidad, demostrando que Aduanas mantiene un combate frontal contra el contrabando mientras respeta las políticas de apertura económica dictadas por los acuerdos bilaterales vigentes.