ADP no actúa ante abusos en licencias de maternidad a maestras

Maestras del sistema educativo público dominicano denuncian abusos recurrentes al solicitar licencias por maternidad, un proceso burocrático que las obliga a asumir gastos que, según la normativa, corresponden al Estado.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), pese conocer la ilegalidad de estas prácticas, no las denuncia públicamente, limitándose a orientar en privado a sus agremiadas para que se nieguen a pagar, sin emprender acciones reivindicativas frente a las autoridades educativas.

Según denuncias recopiladas, las docentes deben buscar y pagar a un maestro sustituto durante los tres meses y medio de licencia, con una remuneración estimada en RD$30,000 mensuales, aproximadamente la mitad de su salario. Esta carga recae sobre ellas pese a que la Orden Departamental 43-2019 establece que el pago del sustituto es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación, de la dirección del centro educativo y del distrito escolar correspondiente.

El problema se agrava porque el Ministerio de Educación tarda hasta un año en reembolsar los fondos adelantados por las maestras, lo que genera un desajuste económico significativo en un contexto de presupuestos ajustados. Muchas recurren a préstamos informales o agotan sus ahorros para cubrir necesidades básicas durante este período.

Además, cada vez menos maestros aceptan recibir el pago diferido, lo que aumenta la presión sobre las licenciadas. Ante esta situación, muchas optan por usar sus propios recursos para evitar represalias, que pueden incluir monitoreo estricto de horarios, revisión excesiva de planes de lecciones y seguimiento intensivo de sus actividades en el aula, más allá de lo razonable.

Estas prácticas no solo vulneran los derechos laborales, sino que también contradicen el artículo 7 de la Constitución Dominicana, que establece el deber del Estado de proteger la dignidad humana y garantizar condiciones de trabajo justas. A pesar de esto, la ADP no ha presentado denuncias formales ni realizado acciones públicas para sancionar a directores, distritales o regionales que exijan estos pagos ilegales.

El silencio institucional del gremio frente a una situación que afecta directamente a sus agremiadas ha generado críticas internas, pues se percibe como una falta de defensa activa de los derechos laborales de las mujeres en el sector educativo.