Abogados de las víctimas acusan a propietarios del Jet Set de ignorar advertencias sobre el techo

Durante el juicio de fondo por el desplome de la discoteca Jet Set, los abogados de las víctimas centraron sus argumentos en la presunta responsabilidad de los propietarios y administradores del establecimiento, señalando que ignoraron advertencias previas sobre el estado del techo.

El abogado Natanael Méndez Matos, actuando conjuntamente con Darío Antonio Cedeño Santana, planteó ante el tribunal una solicitud relacionada con la presunta falsedad de firmas atribuidas al Ministerio Público, fundamentando su petición en el artículo 303 del Código Procesal Penal. Según Méndez Matos, se habrían producido alteraciones o mutilaciones en documentos presentados durante el proceso, lo que requeriría una tipificación penal para enviar el caso a juicio de reprochabilidad.

La abogada Laura Acosta, representante legal de varias víctimas, manifestó su adhesión parcial a la acusación del Ministerio Público y precisó que sus representados denunciaron penalmente a Antonio Espaillat López, mientras que como terceros civilmente demandados figuran las sociedades Inversiones CCEP 2 S.A., Inversiones EIL S.R.L., Difusora Hemisferio S.R.L. y Radio Cadena Comercial S.R.L..

Acosta enfatizó que el debate no debe limitarse a las causas técnicas del colapso, sino a determinar quién incumplió el deber de garantía: "El caso no se trata de por qué se cayó el techo, sino de que el techo se cayó y hay que determinar quién es la persona responsable". Añadió que existía una obligación de seguridad por parte de los propietarios y administradores, cuya violación debe ser establecida en el juicio.

La abogada Ingrid Hidalgo atribuyó la tragedia a la falta de empatía de dos personas presentes en el juicio, afirmando que "hubo 236 víctimas por la falta de empatía de dos personas que hoy se encuentran aquí presentes y que se demostrará en el juicio que por el amor al dinero... no hicieron lo que tenían que hacer". Criticó además la pena máxima de dos años establecida por la ley, considerándola insuficiente para el daño causado.

Hidalgo también rechazó el argumento de que Maribel Espaillat no tuviera responsabilidad directa, señalando que, mientras su hermano Antonio se encontraba en Las Vegas, ella tenía el control de la discoteca y capacidad para ordenar la paralización de la fiesta. Según su testimonio, un presente identificado como Gregory Adames le habría advertido de detener el evento tras caer un fragmento del techo sobre él.

El abogado querellante Leonel Correa Tapia, actuando con Alejandro Enrique Tejada Estévez, aseguró que el techo había mostrado señales de advertencia con antelación al desplome: "Ese techo hablaba. Tenía tiempo advirtiéndole a sus propietarios que ahí había una situación que debía tomarse en consideración". Afirmó que estas advertencias no fueron aisladas, sino persistentes, y que los propietarios simplemente las ignoraron, priorizando la celebración de la fiesta y los aspectos económicos sobre la seguridad.

Correa Tapia concluyó que dicha omisión fue determinante para el colapso que causó la muerte de 236 personas, y cuestionó que se haya privilegiado lo económico sobre la prevención de la tragedia.