Abinader busca equilibrio comercial con EE.UU. entre aranceles, arroz y tecnología

El presidente Luis Abinader ha colocado la negociación de un acuerdo comercial más recíproco con Estados Unidos como prioridad de su gobierno, en un contexto de tensiones vinculadas al arroz, el DR-Cafta, los aranceles estadounidenses y las normas sobre trabajo forzoso. Su objetivo es preservar las ventajas históricas del intercambio bilateral, al mismo tiempo que defiende espacios de protección para sectores sensibles y busca condiciones favorables para el país.

Durante su participación en un foro sobre inversión y nearshoring, Abinader afirmó que su administración trabaja activamente para alcanzar, en el menor tiempo posible, un acuerdo recíproco de tarifas con Washington. "Su principal objetivo en el tiempo más breve posible es negociar un acuerdo recíproco de tarifas, como tiene que ser y como se merece la República Dominicana", declaró el mandatario, refiriéndose a las gestiones lideradas por el canciller Víctor -Ito- Bisonó.

El foco de la disputa se centra en el mercado del arroz, uno de los asuntos más sensibles de la agenda comercial bilateral. Según el calendario de desgravación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), el país debía eliminar los aranceles al arroz estadounidense a partir del 1 de enero de 2025. Sin embargo, el Gobierno dominicano ha mantenido el Decreto 693-24, que permite la entrada libre de aranceles de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense, mientras aplica un arancel del 99% a las cantidades que superen ese volumen.

Para la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), este esquema incumple los compromisos adquiridos bajo el DR-Cafta. Desde Washington se ha expresado preocupación por medidas que, según su interpretación, podrían afectar las obligaciones comerciales asumidas por República Dominicana.

Desde la perspectiva dominicana, la posición responde a la necesidad de proteger uno de los principales cultivos agrícolas del país. El arroz involucra a productores, trabajadores agrícolas, factorías, transportistas, comerciantes y suplidores de insumos en múltiples provincias, por lo que su apertura total tendría un impacto directo en el empleo, la seguridad alimentaria y la estabilidad de las comunidades productoras.

La tensión comercial se ha visto agravada por el Decreto 502-26, mediante el cual el presidente Abinader estableció medidas para prevenir, identificar, verificar y prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. La norma permite actuar cuando existen evidencias razonables de uso de este tipo de trabajo en cualquier fase de la cadena de suministro. Su implementación coincide con el aumento de un arancel del 12.5% impuesto por la administración de Donald Trump a productos dominicanos, lo que ha elevado la presión sobre la relación bilateral.

Además, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo ha advertido recientemente sobre los riesgos asociados al uso de ciertas tecnologías de origen chino en infraestructuras sensibles, mencionando expresamente a Huawei, proveedora clave para operadores de telecomunicaciones en el país. Esta advertencia se enmarca en un esfuerzo más amplio de Washington para influir en las decisiones tecnológicas de sus aliados, particularmente en sectores considerados estratégicos.

El escenario actual refleja una compleja interacción entre intereses económicos, sociales y estratégicos, donde las normas comerciales, laborales y tecnológicas se están convirtiendo en instrumentos de presión dentro de la relación entre ambos países. El desafío para el gobierno dominicano radica en encontrar un equilibrio que respete sus compromisos internacionales sin comprometer la protección de sectores vitales para su economía y sociedad.