82 niños con necesidades especiales quedan sin cupo en LARPE de San Francisco de Macorís

Un total de 82 niños con condiciones educativas especiales no han podido ser inscritos en el Laboratorio de Recuperación Pedagógica (LARPE) de San Francisco de Macorís, pese a estar registrados para recibir docencia en dicho centro especializado, según denunció la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación de Padres y Madres de las Escuelas (APMAE/LARPE).

De los 240 niños registrados en la región nordeste del país para acceder al LARPE, solo 158 han obtenido cupo, lo que ha generado una situación de exclusión educativa que afecta directamente el inicio del año escolar. Ante esta realidad, los padres de los niños que sí tienen cupo han decidido, en acto de solidaridad, no enviar a sus hijos a clases hasta que se resuelva la situación de los 82 menores restantes.

Robert Frías, presidente de la ADP-SFM denunció que esta situación evidencia una ineficiencia estructural del sistema educativo en la región, ya que las autoridades tuvieron conocimiento previo de la falta de capacidad antes del inicio del año escolar. "Ya ha transcurrido más de una semana desde el inicio del calendario escolar y aún no se ha dado una respuesta concreta sobre qué se hará con estos 82 niños", afirmó Frías, quien además señaló que el LARPE se encuentra ubicado en la calle Capotillo, al lado del Distrito Educativo 07-05, lo que elimina cualquier argumento de desconocimiento por parte de las autoridades.

Por su parte, Ramona Sofía Villar, presidenta de la APMAE/LARPE, enfatizó que este centro es la única institución especializada en la región nordeste para niños con necesidades educativas específicas, por lo que la falta de cupos representa una omisión de responsabilidad por parte del Ministerio de Educación. Villar advirtió que, si no se busca una solución inmediata, los padres mantendrán su medida de no enviar a sus hijos al centro.

En respuesta, el director regional de Educación 07, Profesor Wilson Ortega, solicitó paciencia a las familias afectadas y explicó que se han realizado gestiones desde el año anterior para conseguir un local adecuado. Señaló que varias propiedades fueron evaluadas, pero ninguna cumplió con los estándares legales requeridos para instituciones de educación especial. Actualmente, se tiene un local prácticamente asegurado, pero se espera la liberación de fondos por parte de la Contraloría General de la República para pagar un alquiler estimado en 300 mil pesos, necesario para habilitar el espacio y atender la demanda.

El caso pone en evidencia las brechas estructurales en la provisión de servicios de educación especializada en zonas fuera de la capital, donde la infraestructura y la planificación anticipada resultan insuficientes para garantizar el derecho a la educación de todos los niños, independientemente de sus condiciones.