121 días de resistencia comunitaria contra vertedero industrial en Los Aguacates

Comunidades de Pedro Brand mantienen un campamento permanente desde hace 121 días en la zona de Los Aguacates para oponerse a la instalación de un vertedero industrial impulsado por la empresa Oak House con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente. La resistencia involucra a las comunidades de El Pedregal, La Jagua, El Limón, Yaco, Salamanca, Mama Tingo y La Cuaba, que exigen la revisión del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa.

La Federación de Confraternidades de Iglesias Evangélicas y la Comisión No Vertedero de Los Aguacates presentaron un documento técnico que cuestiona punto por punto el estudio ambiental de Oak House. Según los voceros comunitarios —los pastores Ricardo Díaz y Francisco Burgos, y el dirigente Fabio Correa—, el estudio contiene omisiones significativas, como afirmar que a 1,500 metros del proyecto solo hay dos viviendas, cuando en realidad existen más de 100 casas y una comunidad de sobre 6,000 habitantes dentro de un radio de 500 metros.

El estudio también ignora la presencia de fuentes hídricas críticas, incluyendo el Arroyo Lajas, el Arroyo Fermín, el Arroyo Jurunel y tres manantiales que nacen dentro del predio de 983,833 metros cuadrados destinado al vertedero. Estas fuentes alimentan ocho pozos tubulares que abastecen el acueducto autogestionario de Villa Esperanza-Los Macos, que sirve a unas 60 familias. El río Matua, tributario de esa cuenca, se encuentra a apenas 300 metros del proyecto propuesto.

El vertedero proyectado tendría una capacidad de más de 6,000 toneladas de residuos diarios, superando las 4,000 toneladas diarias que recibe actualmente el vertedero de Duquesa, principal sitio de disposición de Santo Domingo. Para su operación, se requeriría cortar aproximadamente 250,000 metros cúbicos de terreno en una zona montañosa, con excavaciones que superarían los 25 metros de profundidad, lo que, según técnicos comunitarios, desestabilizaría la cuenca y riesgo de contaminación directa de acuíferos.

Entre las preocupaciones técnicas destacadas están:

• La propuesta de ventilación pasiva para el biogás, que liberaría directamente metano a la atmósfera, violando compromisos climáticos nacionales.
• El ruido permanente de maquinaria pesada, estimado por encima de los 75 decibeles, límite establecido por la normativa nacional.
• La dispersión de residuos por el tránsito de camiones de basura y la exposición directa a vectores de enfermedad como moscas, roedores y lixiviados.
• El riesgo de colapso en los sistemas de drenaje de lixiviados, que contaminaría pozos privados usados por cientos de hogares para consumo y riego, sin posibilidad de remediación a corto plazo.

El movimiento cuenta con respaldo amplio más allá del ámbito religioso, incluyendo a la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), la Red de Organizaciones Comunitarias 27 de Febrero (Reocofe), la Coordinadora Nacional Popular (CNP) y el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp), que han enviado comisiones de solidaridad al campamento.

Las comunidades sostienen que no se oponen a la gestión de residuos, sino a la ubicación específica en Los Aguacates, una zona con fuentes hídricas activas, población densa y actividad agrícola. "Los que mejor cuidan su territorio son sus pobladores. El agua y la salud no se negocian", afirmaron los voceros del movimiento. Hasta la fecha, el Ministerio de Medio Ambiente no ha respondido públicamente a los cuestionamientos técnicos presentados.