Violencia de género: la respuesta del sistema de salud tras la denuncia

La violencia de género trasciende el ámbito judicial y requiere una respuesta integral que incluya atención médica, psicológica y social desde el primer contacto de la víctima con el sistema de protección. Este enfoque es esencial para abordar las consecuencias físicas, sexuales y reproductivas que pueden persistir durante años, incluso después de que se haya interpuesto una denuncia.

El caso de Yenifer Crismar Marín Díaz, difundido en mayo de 2024 a través de redes sociales, ilustra la magnitud del problema. La víctima denunció haber vivido tres meses bajo amenaza constante por parte de su expareja, Luis Enrique Evertsz Marín, tras lo cual ella, su madre de 71 años y su hija menor permanecieron escondidas. Según su testimonio, los episodios de violencia comenzaron en 2021, cuando presentó su primera denuncia tras un incidente ocurrido mientras tenía en brazos a su bebé de tres meses.

La difusión del video precedió a la captura del agresor y, posteriormente, a la imposición de tres meses de prisión preventiva. Tras conocer la sentencia, Marín Díaz manifestó que ella y su familia se sintieron más seguras. Sin embargo, su caso plantea una pregunta central: ¿qué ocurre con una mujer desde el momento que denuncia y qué tan preparada está la respuesta pública para proteger su vida, atender su salud y acompañarla en su reconstrucción?

Cuando la violencia de género se analiza únicamente desde la perspectiva judicial, se deja de lado una dimensión crítica: las secuelas en la salud. Las agresiones pueden producir lesiones visibles, pero también afectan profundamente la salud sexual, reproductiva y psicológica, requiriendo atención especializada que va más allá de lo penal.

Por ello, la ruta de atención de una víctima puede iniciar en una fiscalía, pero también en un servicio de emergencia, una consulta ginecológica, un centro de salud mental o cualquier otro punto del sistema sanitario. Reconocer esto es clave para garantizar una intervención oportuna y efectiva.

En respuesta a una solicitud de información, el Ministerio de Salud Pública confirmó que tanto los servicios sanitarios públicos como privados deben aplicar la Norma Nacional para la Atención Integral en Salud para Personas en Situación de Violencia de Género e Intrafamiliar (2022) y las Directrices de Atención Integral en Salud a Mujeres en Situación de Violencia de Género (2025). Estos marcos establecen procedimientos específicos para abordar la violencia física, psicológica y sexual, situando la identificación y atención de las víctimas dentro de las obligaciones del sistema de salud, incluso cuando la mujer acude por otro motivo de consulta.

Según la ginecóloga y terapeuta sexual Lilliam Fondeur, los efectos de la violencia pueden manifestarse de inmediato o permanecer durante años. En el ámbito físico, diversos sistemas orgánicos pueden verse comprometidos. En cuanto a la salud sexual y reproductiva, pueden afectarse la sexualidad, la autonomía para decidir sobre la reproducción y el normal desarrollo de un embarazo.

Además, en procesos judiciales que involucran a personas en situación de vulnerabilidad, el Poder Judicial dispone de centros de entrevistas forenses diseñados para obtener declaraciones informativas o testimoniales de víctimas y testigos en un ambiente seguro y adecuado.