Violencia de género en República Dominicana: denuncias sin protección oportuna

Denunciar la violencia de género debería ser el primer paso hacia la protección, no el inicio de una nueva incertidumbre para las víctimas. El asesinato de Esmeralda Moronta, ocurrido minutos después de acudir al Ministerio Público para denunciar a su expareja, pone nuevamente en duda la capacidad del sistema judicial dominicano para responder a tiempo cuando una mujer pide ayuda.

Aunque la querella fue registrada y el expediente abierto, lo que permite a la fiscalía asumir la persecución del caso en el marco de sus funciones frente a hechos de violencia contra las mujeres, la apertura de un expediente no garantiza por sí sola que la víctima reciba protección oportuna.

Entre enero y agosto de 2025, el Poder Judicial recibió 40.533 denuncias de violencia de género e intrafamiliar: 13.667 fueron clasificadas como violencia de género, conforme al artículo 309-1 del Código Penal, y 26.866 como violencia intrafamiliar, bajo el artículo 309-2.

Por su parte, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer registraron 9.084 casos judiciales abiertos entre enero y septiembre de 2024, un 70,4 % menos que los 30.772 reportados en el mismo período del año anterior.

Testimonios que reflejan fallas sistémicas

Para el psicólogo social Jhoan Almonte, tutor de la especialidad en Género y Políticas de Igualdad en Educación del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), detrás de estos hechos confluyen el rechazo del agresor a perder el control sobre su expareja, una cultura que normaliza el dominio sobre las mujeres y una respuesta institucional que puede resultar insuficiente en el momento de mayor riesgo.

La decisión de denunciar tampoco puso fin al miedo ni evitó la muerte de Loyca Alvarado. Su familia enfrenta el dolor de perderla y la impotencia de pensar que quienes estaban llamados a protegerla no actuaron a tiempo.

En otra familia, el dolor está acompañado de incertidumbre. Desde junio, Israelina Contreras no sabe qué ocurrió con su hija, Johanna Lisbeth Contreras, de 22 años. No tiene un cuerpo que llorar ni respuestas que le permitan conocer su destino. Mientras tanto, un niño de cuatro años espera el regreso de su madre.

La información conocida por la familia apunta a la confesión atribuida al principal sospechoso, el militar del Ejército Gerson Sánchez Durán, quien habría dicho que la mató y lanzó su cuerpo al mar.

Factores culturales y percepción social

Según ONU Mujeres, la violencia basada en género puede manifestarse en formas de control, violencia psicológica, económica, patrimonial o física que se prolongan durante meses o años.

Para los expertos consultados por Acento, enfrentarla exige actuar en distintos momentos: prevenir, proteger a quienes buscan ayuda, atender a las sobrevivientes y garantizar que las instituciones respondan.

La dificultad comienza también en las ideas que rodean la violencia. Datos del Barómetro de las Américas de 2021 indican que el 69 % de los dominicanos aprueba que la pareja controle el comportamiento de las mujeres, mientras que el 53 % considera que la violencia entre parejas es un asunto privado.

El estudio también señala que las mujeres suelen no reportar las agresiones y que la mayoría de la población considera que ninguna institución pública trabaja para reducir la violencia doméstica.

El “2do diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia”, elaborado por Participación Ciudadana en 2022, encontró que el 76,3 % de los encuestados consideraba que la violencia doméstica era la más frecuente en el país, seguido de:

• 63,3 %: violencia contra las mujeres
• 53,2 %: violencia vial
• 43,7 %: violencia contra niños, niñas y adolescentes
• 36,6 %: violencia en línea o digital
• 29,5 %: violencia de género
• 20,1 %: violencia racista
• 13,6 %: violencia escolar

Intervención y rehabilitación de agresores

El psicólogo clínico y exdirector del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Procuraduría General de la República, Luis Vergés, explicó que los hombres que llegaban a ese centro eran referidos después de haber sido denunciados por mujeres víctimas de algún tipo de violencia, ya fuera física, psicológica, patrimonial u otra.

Durante los 19 años que estuvo al frente del centro, hasta su jubilación el año pasado, fueron intervenidos cerca de 50.000 casos. Los programas de intervención tenían una duración de entre seis meses y dos años, dependiendo de las características y necesidades de cada caso. El proceso incluía evaluaciones psicológicas y un programa educativo y terapéutico dirigido a modificar las ideas y creencias que justificaban las conductas violentas.

Uno de los objetivos era reducir el riesgo de que estos hombres volvieran a ejercer violencia, tanto contra las víctimas que los denunciaron como contra otras mujeres con las que pudieran establecer relaciones posteriormente. Una vez concluido el programa, los participantes continuaban vinculados a grupos de autoayuda. El seguimiento también tenía un componente legal, debido a que los casos ingresaban al sistema judicial.