ACLU exige renuncia del secretario del DTOP por entregar datos de migrantes a ICE

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico exigió la renuncia del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González, tras confirmar que entregó información confidencial de aproximadamente 6,321 migrantes a las autoridades federales de inmigración para facilitar redadas en el archipiélago.

La medida se basa en una resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico que ordenó al DTOP entregar a la ACLU los documentos enviados en enero de 2025 al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estos documentos incluyeron datos sensibles como números de identificación, tipo de documento, nombres, números de teléfono, estado migratorio y direcciones residenciales de las personas afectadas.

Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, afirmó en un comunicado que las acciones del secretario demostraron "incapacidad para asumir las responsabilidades de su cargo y cumplir con su mandato constitucional", al entregar voluntariamente información confidencial y negarse a transparentar el proceso ante el pueblo puertorriqueño.

"Con sus acciones, no solamente entregar voluntariamente información confidencial al ICE, sino el negarse a producir información para que el pueblo de Puerto Rico supiera la verdad, el secretario demostró su incapacidad para asumir las responsabilidades de su cargo y cumplir con su mandato constitucional", declaró Martínez.

El fallo judicial confirmó que el subpoena administrativo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 26 de enero de 2025 y dirigido a la Dirección de Servicios al Conductor (DISCO) no imponía una obligación legal al DTOP para responder con la información solicitada, lo que respalda la posición de la ACLU de que la entrega fue voluntaria e injustificada.

La organización presentó una demanda en octubre de 2025 después de que el secretario del DTOP se negara a cumplir con una solicitud de acceso a información pública presentada por la ACLU, con el fin de conocer cómo la agencia manejó el requerimiento de ICE.

Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico, calificó la colaboración del gobierno local con las políticas migratorias de Estados Unidos como "infame" y señaló que revela una "ausencia total de empatía" y una "complicidad en la violación sistemática de los derechos civiles y humanos" de la población migrante.

La ACLU advirtió que al entregar estos datos, el DTOP puso en peligro la seguridad de miles de inmigrantes que confiaron en el gobierno puertorriqueño, especialmente tras la implementación de la Ley 97 de 2013, que permitió a personas indocumentadas obtener licencias de conducir bajo la promesa de protección de su estatus migratorio.

Desde principios de 2025, comunidades con alta concentración de migrantes en zonas como Puerto Nuevo y Barrio Obrero en San Juan han experimentado pánico e incertidumbre debido a las redadas migratorias orquestadas por el gobierno federal, que han resultado en miles de detenciones y deportaciones.