Violaron orden de alejamiento y cometieron feminicidio contra Loyca Alvarado

José Luis Fabián Rodríguez fue enviado a prisión tras ser acusado de cometer feminicidio en perjuicio de su expareja, Loyca Alvarado Adames, pese a que existía una orden de alejamiento vigente en su favor emitida por un juez de Instrucción del Distrito Nacional el 26 de septiembre.

La medida judicial le prohibía acercarse, molestar, intimidar o amenazar a la víctima por cualquier medio, incluyendo llamadas telefónicas o contacto directo o indirecto, así como acercarse a los lugares que ella frecuentara. Sin embargo, un día después de emitida la orden, el imputado le habría disparado en la cabeza, causándole la muerte.

Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, el hecho ocurrió aproximadamente a las 10:40 de la mañana del 27 de septiembre, cuando Alvarado recibió una llamada en su celular, salió del salón de belleza donde se encontraba con su hermana y manifestó que regresaría pronto, dejando sus pertenencias personales.

Horas después, al no lograr comunicarse con ella, su hermana alertó a otros familiares, quienes acudieron a las autoridades policiales para denunciar su desaparición. El Departamento de Desaparecidos de la Dicrim inició la búsqueda, revisando cámaras de seguridad que mostraron a la víctima abordando una yipeta negra.

Las imágenes permitieron establecer la ruta seguida por el vehículo, que ingresó a las inmediaciones de una fábrica de furgones en Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, donde permaneció un tiempo antes de salir. Fue en ese lugar donde, el lunes 28 de septiembre, se localizó el cuerpo sin vida de Loyca Alvarado.

La violación de una orden de protección constituye un delito independiente según el Nuevo Código Penal dominicano, con penas de dos a cinco años de prisión. Mientras que el feminicidio, tipificado como causa de muerte de una mujer por razones de género, conlleva penas de 30 a 40 años, pudiendo aumentarse a 40 años en su modalidad agravada cuando concurren circunstancias como el desacato judicial o antecedentes de violencia.

El Ministerio Público sostiene en su solicitud que el imputado incurrió en feminicidio agravado, al haber violado una orden de protección previamente impuesta, lo que, según la nueva normativa, aumenta la gravedad del delito.