Víctimas del derrumbe del Jet Set piden condena para los hermanos Espaillat

Las víctimas del trágico derrumbe de la discoteca Jet Set solicitaron formalmente la condena de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento, durante una audiencia judicial celebrada en Santo Domingo. El pedido se realizó en el marco del juicio seguido por el presunto homicidio involuntario que resultó en la muerte de 236 personas y lesiones a más de ciento de afectados el 8 de abril de 2025.

El abogado Rubén Ramón Mencina, representante de una de las víctimas y último en presentar sus pretensiones ante el tribunal, solicitó, con autorización del juez de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, un minuto de silencio en memoria de los fallecidos, sus familias y quienes aún sufren las secuelas del incidente. El gesto se produjo en medio de un ambiente visiblemente emotivo, donde varios juristas mostraron su afectación al recordar el acontecimiento.

Durante la misma audiencia, el abogado Juan Francisco Perdomo, en representación de otra víctima, afirmó que los acusados no han demostrado señales de arrepentimiento por los hechos. Asimismo, todos los letrados de las partes civiles coincidieron en pedir que se declare la responsabilidad penal de los hermanos Espaillat por los cargos de homicidio involuntario y lesiones culposas derivados del colapso estructural del techo del local.

La defensa de los imputados, a cargo de los abogados Jorge Luis Polanco y Miguel Valerio, sostuvo que probará que las empresas vinculadas al caso poseen personalidad jurídica independiente y autónoma, negando que formen parte de un holding o que los acusados administraran las entidades al momento del siniestro. Asimismo, calificaron las acusaciones como una "tela de araña societaria" y argumentaron falta de elementos suficientes para atribuirles responsabilidad directa.

Tras la presentación de las pretensiones de las víctimas, el juez Franni González concedió la palabra a la defensa para continuar con la presentación de su caso. El proceso judicial continúa en curso, bajo estricto seguimiento por parte de las autoridades y la sociedad dominicana, dada la magnitud de la tragedia y su impacto nacional.