Verón-Punta Cana avanza en su Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque participativo

El director distrital de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez 'Manolito', aseguró que la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no afectará negativamente a ningún sector de la comunidad. El funcionario anunció la convocatoria de vistas públicas y mesas de trabajo participativas para incorporar las voces de empresarios, comerciantes y residentes antes de que el plan entre en vigor, en un territorio que concentra el polo turístico más importante del Caribe.

El Plan de Ordenamiento Territorial es el instrumento legal que define cómo se usa, organiza y regula el suelo de un municipio o distrito: qué zonas son residenciales, comerciales, turísticas, industriales o de protección ambiental. En el caso de Verón-Punta Cana —el distrito de mayor crecimiento económico de la República Dominicana en la última década— su elaboración es especialmente sensible.

La zona alberga el aeropuerto internacional de mayor tráfico del país, cadenas hoteleras de primer nivel, comunidades de trabajadores del turismo y áreas naturales de alto valor ecológico. Cualquier decisión sobre el uso del suelo tiene impacto directo en inversiones millonarias, en la vida cotidiana de decenas de miles de residentes y en el equilibrio ambiental de la región.

Ramírez fue enfático al descartar que el proceso tenga un carácter expropiatorio o restrictivo:

"La planificación de nuestra ciudad a través del POT no significa bajo ninguna circunstancia perjudicar a ningún sector. Al contrario, busca equilibrar el crecimiento y garantizar que todos seamos parte del desarrollo de Verón-Punta Cana, actuando siempre conforme a las leyes vigentes y bajo el más riguroso escrutinio legal".

La junta distrital convocará vistas públicas y mesas de trabajo abiertas a todos los actores del territorio: empresarios del sector turístico y hotelero, comerciantes, organizaciones comunitarias y ciudadanía en general. Estos espacios, normados por la Ley 176-07 de Municipios y el Distrito Nacional, permitirán que cualquier persona o entidad presente observaciones, proponga enmiendas y deje constancia formal de sus posiciones.

El objetivo declarado es alcanzar un consenso democrático y legalmente fundamentado antes de la aprobación definitiva del plan. La participación no es opcional ni decorativa: en el marco legal dominicano, los POT deben pasar por procesos de consulta pública para tener validez jurídica.

Una de las principales preocupaciones del sector privado es que un POT pueda, en teoría, restringir ampliaciones de infraestructura hotelera, regular la densidad de construcción en zonas costeras, establecer servidumbres ambientales o redefinir los usos permitidos en terrenos actualmente en desarrollo. Sin embargo, también puede ser una herramienta de seguridad jurídica: al clarificar qué se puede construir y dónde, reduce la incertidumbre para los inversionistas y previene conflictos por uso del suelo que hoy se resuelven caso a caso.

El pronunciamiento de Ramírez sugiere que existe presión —o al menos inquietud— de parte del sector privado ante el avance del proceso. La convocatoria a mesas de trabajo antes de la aprobación del plan apunta a desactivar esa tensión de manera preventiva.

El POT de Verón-Punta Cana se sustenta en dos normas principales: la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que establece las competencias de los gobiernos locales en materia de ordenamiento territorial y obliga a procesos participativos, y la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, que regula el uso del suelo en zonas de valor ecológico y establece restricciones para la protección ambiental.

Verón-Punta Cana es uno de los distritos municipales de mayor dinamismo económico de América Latina. Su crecimiento acelerado —impulsado por el turismo, la construcción y los servicios— ha generado una expansión urbana que en muchos casos superó la capacidad de planificación institucional. Barrios de trabajadores, zonas comerciales y desarrollos hoteleros coexisten sin una regulación clara del suelo, lo que genera conflictos recurrentes por límites, accesos, servicios y medio ambiente.

El POT es, en ese sentido, una deuda histórica del distrito con su propio desarrollo. La pregunta que queda abierta —y que las vistas públicas deberán responder— es si el proceso logrará equilibrar los intereses del gran capital turístico con los derechos y necesidades de las comunidades locales.