Venezuela y EE.UU. firman acuerdo petrolero de 25 años con proyección de 209.000 millones de dólares

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, detalló los términos del acuerdo energético bilateral suscrito con la administración estadounidense, que tiene una vigencia de 25 años y proyecta ingresos directos para el Estado venezolano por 209.335 millones de dólares, basados en una producción esperada de más de 1,5 millones de barriles diarios a un precio de referencia de 65 dólares por barril.

Según Rodríguez, el convenio busca transformar las reservas venezolanas en producción activa mediante la explotación de 17 campos estratégicos, con énfasis en la reactivación de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde se desarrollarán ocho bloques verdes bajo un régimen fiscal que establece una regalía mínima del 16% y un impuesto sobre la renta del 34%, en contraste con el 1% aplicado durante la apertura petrolera de los años 90.

El esquema contempla la participación de empresas multinacionales como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, no solo para la extracción de crudo, sino también para impulsar la exportación de gas natural y el desarrollo del sector petroquímico, ampliando así el alcance económico del acuerdo más allá del petróleo convencional.

En cuanto a la distribución de responsabilidades, Rodríguez explicó que Venezuela aporta el crudo y la experiencia de sus trabajadores petroleros, mientras que Estados Unidos proporciona el capital y la tecnología necesaria para rehabilitar instalaciones afectadas por años de subinversión y sanciones internacionales, bajo un modelo de complementariedad técnica y operativa.

La vicepresidenta reiteró que Venezuela mantiene plena soberanía sobre sus recursos naturales y aseguró que los ingresos generados serán destinados a sectores prioritarios como salarios, servicios públicos, salud, educación y vialidad, además de contribuir a la seguridad energética del hemisferio. Asimismo, se comprometió a garantizar transparencia total en la divulgación de montos de inversión y condiciones contractuales para los operadores privados involucrados.