Acuerdo petrolero Venezuela-Estados Unidos: promesas, riesgos y desafíos

El acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, anunciado el 28 de agosto, ha generado expectativas pero también cautela entre expertos debido a las incógnitas sobre su implementación, los retos de infraestructura en Venezuela y la posible influencia de cambios políticos futuros.

Según la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, el convenio contempla la explotación de una quinta parte de las reservas venezolanas, que superan los 303.000 millones de barriles, las mayores del mundo. El objetivo es aumentar la producción petrolera nacional, actualmente en 1,2 millones de barriles por día, a más de 1,5 millones de bpd mediante el desarrollo de 17 campos con un total de 65.000 millones de barriles.

Se proyecta una inversión superior a los 100.000 millones de dólares durante una vigencia de 25 años. Sin embargo, el economista Asdrúbal Oliveros advierte que, hasta el momento, se trata de una «aspiración muy ambiciosa» sin capital comprometido ni desembolsado, y señala que convertir reservas en producción requiere seguridad jurídica, infraestructura, talento y confianza inversionista a largo plazo.

Oliveros también destaca el riesgo político: «Estamos hablando de inversiones cuya recuperación puede tomar décadas, mientras los ciclos políticos son mucho más cortos». A su juicio, el acuerdo debe incluir un marco jurídico e institucional capaz de trascender a los gobiernos actuales, tanto en Caracas como en Washington, para garantizar la supervivencia de las inversiones ante posibles cambios políticos.

La empresa encargada del proyecto es North American Blue Energy Partners (NABEP), a la que se le asignaron los 17 campos. Según un economista consultado bajo anonimato, NABEP tendría un «superpoder» al controlar una parte significativa de la producción petrolera venezolana, algo sin precedentes. La empresa tiene una participación accionaria del 35 % otorgada por el Pentágono.

Detrás de NABEP está el empresario Alejandro Betancourt, quien ha sido investigado en España y Suiza por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal. Oliveros advierte que una dependencia fundamental del acuerdo en el entendimiento político entre ambos gobiernos eleva significativamente el riesgo, dada la naturaleza a largo plazo de las inversiones petroleras.

El acuerdo ha generado críticas desde sectores opositores venezolanos. La líder opositora María Corina Machado denunció que «los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores», refiriéndose al gobierno de Rodríguez como ilegítimo. Asimismo, el economista y exministro Ricardo Hausmann calificó el acuerdo como «inconstitucional» al ser firmado con un gobierno que considera opresivo y ilegítimo.

Dirigentes como Henrique Capriles y Juan Pablo Guanipa señalan que quienes están en el poder son los mismos responsables del deterioro de la industria petrolera venezolana, cuya producción ha caído a menos de la mitad de los niveles de 1998, antes del ascenso del chavismo.