El valor oculto de las alianzas público-privadas en República Dominicana

Las asociaciones público-privadas (APP) en República Dominicana han experimentado un crecimiento sostenido desde la entrada en vigor de la Ley núm. 47-20, el 20 de febrero de 2020, convirtiéndose en un instrumento clave para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos. Este marco jurídico moderno, que creó la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) como órgano especializado, busca acelerar la inversión, incorporar capital y conocimiento privado, y distribuir riesgos entre el Estado y los inversionistas.

El Banco de Proyectos de la DGAPP registró 26 iniciativas APP, de las cuales 17 contemplaban inversiones estimadas en unos US$2,510.7 millones según el corte institucional más reciente. Sin embargo, es metodológicamente incorrecto presentar estos montos como inversiones ya contratadas o desembolsadas, ya que muchas iniciativas se encuentran en etapas de evaluación, estructuración o han sido declaradas desiertas, rechazadas o canceladas.

El caso de la Autopista del Ámbar ilustra esta complejidad: su primer proceso competitivo fue declarado desierto en 2024, tras lo cual la DGAPP reestructuró el modelo financiero. En 2026, el proyecto regresó a licitación con una inversión estimada de US$400 millones, incorporando la Circunvalación Norte de Santiago y el proyecto turístico Punta Bergantín para evitar un peaje sombra para el Estado.

El valor oculto de las APP radica en que el aporte estatal no siempre se manifiesta como un desembolso directo de efectivo. El Estado puede contribuir con terrenos, derechos de uso, infraestructura existente, carreteras, acueductos, sistemas eléctricos, facilidades portuarias, garantías, exenciones o capacidad regulatoria — todos ellos con valor económico que debe incorporarse al cálculo global del proyecto.

El proyecto turístico de Cabo Rojo sirve como ejemplo paradigmático: su modelo maestro estimó una inversión total de US$2,245 millones, valorando en US$719.1 millones los terrenos aportados por el Estado, mientras que la inversión proyectada en hoteles ascendía a US$977.6 millones. Este desglose revela que gran parte del ‘valor’ de la APP proviene de activos no monetarios transferidos por el sector público.

Por tanto, analizar las APP requiere ir más allá de los anuncios de inversión y examinar detalladamente la naturaleza de los aportes, las etapas reales de los proyectos y los compromisos fiscales de largo plazo que pueden no ser visibles al momento de la firma del contrato. Solo así se podrá evaluar con objetividad su verdadero impacto en la economía nacional y en la provisión de servicios públicos.