Jueza dicta prisión preventiva a tres imputados por estafa financiera millonaria en La Romana

La jueza Margarita Cristo Cristo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción a tres personas implicadas en un esquema de estafa financiera que afectó a cientos de víctimas mediante operaciones irregulares en dos sociedades comerciales.

Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis fueron los imputados en este caso declarado complejo por el Ministerio Público, quien solicitó formalmente la medida de coerción que fue acogida en su totalidad por la magistrada.

Según la resolución, Rodríguez Reyes y Rodríguez Rondón cumplirán la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, ubicado en Higüey, provincia La Altagracia, mientras que Rodríguez Ellis cumplirá su medida en la cárcel pública de dicha provincia.

Los tres imputados fueron arrestados en septiembre del año pasado mediante órdenes judiciales, como parte de una investigación que estableció que, entre diciembre de 2020 y abril de 2026, utilizaron de manera coordinada las sociedades Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L. para recibir y canalizar fondos de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.

Según las pesquisas, los imputados ofrecían supuestos compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por inversión, lo que resultó en un perjuicio económico inicial estimado en más de RD$57.8 millones, US$317 mil y 160 mil euros, aunque estos montos han aumentado significativamente conforme avanzan las investigaciones, ya que más de 100 víctimas adicionales han presentado denuncias.

La investigación también estableció que, mientras Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaria, AERR Group, S.R.L. no contaba con registro ni autorización para realizar actividades de intermediación financiera o cambiaria, lo que constituye una violación directa a la normativa vigente.

El Ministerio Público atribuye a los imputados múltiples delitos, incluyendo asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores, conforme a la calificación jurídica contenida en la solicitud de medida de coerción.

El órgano persecutor reiteró que la investigación continúa abierta para determinar el destino de los recursos obtenidos ilícitamente, identificar otras posibles víctimas y establecer la totalidad de los bienes y operaciones vinculadas al caso, tal como se indicó en un comunicado de prensa oficial.