Trump remueve a cinco miembros demócratas de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a cinco de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de Puerto Rico, según informó el propio ente este martes mediante un comunicado oficial. La medida afecta exclusivamente a los funcionarios vinculados al Partido Demócrata, dejando en sus puestos únicamente a los dos miembros republicanos.

Los miembros removidos son Arthur J. González, Cameron McKenzie, Betty A. Rosa, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas, quienes forman parte de la composición original de siete designados bajo la ley PROMESA de 2016. En contraste, Andrew G. Biggs y John E. Nixon, ambos identificados con el Partido Republicano, continuarán ejerciendo sus funciones en la Junta.

La JSF fue creada por el Congreso de Estados Unidos en 2016 mediante la ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act) con el objetivo de reestructurar la deuda pública de Puerto Rico, que supera los 70.000 millones de dólares, y supervisar el manejo de las finanzas públicas de la isla. Desde su instauración, el ente ha sido objeto de críticas tanto por parte del gobierno local como de diversos sectores sociales, que han cuestionado su legitimidad y su impacto en la soberanía fiscal de Puerto Rico.

Tras el anuncio, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, quien pertenece al Partido Republicano, declaró que trabajará con los nuevos miembros de la Junta una vez que Trump designe sus reemplazos. González reiteró su compromiso de poner fin a la presencia de la JSF en la isla, un objetivo que ya había expresado en su primer mensaje de estado en mayo pasado.

"Ahora trabajaré junto a quien sea la nueva composición de la Junta una vez lo anuncie el presidente Trump"

, afirmó la gobernadora, subrayando su disposición a colaborar con cualquier configuración futura del ente fiscal.

La reconfiguración de la Junta plantea interrogantes sobre el futuro del proceso de reestructuración de la deuda y la relación entre el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico. Mientras algunos analizan el movimiento como un intento de alinear la JSF con la agenda política actual, otros advierten sobre los riesgos de politicizar una institución diseñada para ser técnica y bipartidista en su enfoque.