Trump mantiene presión arancelaria pese a limitaciones judiciales y políticas

La administración Trump continúa impulsando un nuevo régimen de aranceles, aunque con menor frecuencia de amenazas públicas y mayor énfasis en procesos técnicos y legales, tras las restricciones impuestas por la Corte Suprema de EE. UU. en febrero sobre el uso de poderes arancelarios de 'emergencia'.

Este cambio de enfoque se produce en un contexto político complejo, ya que el gobierno avanza hacia las elecciones de mitad de período mientras enfrenta una costosa tensión con Irán que ha elevado los precios del petróleo, impulsado la inflación y afectado directamente a los consumidores en las gasolineras. Estos factores han llevado a los asesores de Trump a advertirle que evite acciones que puedan desencadenar choques en los mercados, como los ocurridos en los primeros días de su guerra comercial, cuando los aranceles elevados provocaron caídas en las bolsas globales y ventas masivas de bonos del Tesoro.

Desde entonces, se han observado exenciones, excepciones y ajustes, junto con investigaciones bajo el argumento de 'seguridad nacional' que, pese a las expectativas, han concluido principalmente con recomendaciones para continuar las negociaciones. Ejemplos de ello son las indagaciones bajo la Sección 232 sobre minerales críticos y piezas de aviones.

Aunque Trump no ha renunciado a los aranceles y recientemente criticó en Truth Social a los magistrados de la Corte Suprema por haberle costado, según dijo, 'BILLONES Y BILLONES DE DÓLARES', la realidad es que un juez de la Corte de Comercio Internacional ha presionado para el reembolso de más de 100 000 millones de dólares en aranceles ya recaudados.

No obstante, la guerra comercial ha pasado ahora a manos de funcionarios profesionales, que están utilizando un mosaico de leyes poco conocidas para lanzar nuevas investigaciones. Estas han comenzado a producir resultados: EE. UU. impuso aranceles que oscilan entre el 10 % y el 12,5 % a 60 socios comerciales tras una investigación sobre trabajo forzado bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, justo cuando los aranceles globales anteriores del 10 % (bajo la Sección 122) habían expirado.

Paralelamente, se inició una investigación independiente —también bajo la Sección 301— sobre el exceso de capacidad de fabricación, que abarca a economías como la Unión Europea, China, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladés, México, Japón e India.

Este último proceso ha generado preocupación entre aliados comerciales. Por ejemplo, la UE enfrenta actualmente un arancel adicional del 10 % como nación más favorecida debido a la investigación sobre trabajo forzado. Sin embargo, según el acuerdo comercial de 2025 firmado en Turnberry, le corresponde un arancel del 15 % sobre la mayoría de los bienes. Si la investigación sobre exceso de capacidad concluye con un arancel sobre los bienes de la UE superior al 5 %, el acuerdo de Turnberry quedaría anulado, lo que preocupa a diplomáticos que temen que la tasa sea aún más alta.

Algunos expertos, como el exnegociador comercial Dan Mullaney, han señalado que una vía para equilibrar presión y cumplimiento de tratados sería realizar las investigaciones con rigor, recomendar aranceles elevados, pero suspender su aplicación mientras se llevan a cabo negociaciones adicionales —una estrategia ya vista en 2018, cuando la primera administración Trump amenazó con aranceles bajo la Sección 301 por los impuestos digitales de la UE, pero los suspendió para permitir el diálogo.