Trump intensifica políticas migratorias con nuevas restricciones y aumento de deportaciones

El gobierno de Donald Trump ha intensificado sus medidas migratorias en los últimos meses, implementando una serie de restricciones más severas para obtener visas y entrar a Estados Unidos, lo que ha coincidido con un aumento significativo en las detenciones y deportaciones.

Según datos recopilados por las universidades de California Berkeley y UCLA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó en julio el número mensual más alto de arrestos durante el segundo mandato de Trump, con 49.571 detenciones, marcando un récord en su administración.

Nuevas restricciones a visas y medidas migratorias

Entre las acciones más recientes, el Departamento de Estado anunció la suspensión temporal de las citas para solicitar visas de inmigrante en todo el mundo, con el argumento de que el personal consular necesita capacitación en nuevos procedimientos. Esta medida se produjo después de que una jueza federal de Nueva York anulara, el 21 de agosto, una suspensión previa de visas para ciudadanos de 75 países, considerándola contraria a la ley y excedente de la autoridad del secretario de Estado, Marco Rubio.

Tras el anuncio, familias inmigrantes y grupos de defensa legal, incluyendo la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), presentaron una moción ante el mismo tribunal federal para obligar al Departamento de Estado a cumplir con el fallo judicial, argumentando que el gobierno está adoptando medidas que parecen perpetuar la suspensión bajo un pretexto falso.

Medidas adicionales que limitan la inmigración

La administración Trump también ha implementado otras políticas orientadas a reducir la inmigración, como la imposición de fianzas entre 10.000 y 20.000 dólares para solicitantes de visas de turismo y negocios provenientes de 50 países, mayoritariamente africanos, además de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esta medida retoma la polémica política de 'carga pública' de su primer mandato, que busca negar la residencia permanente a inmigrantes que podrían depender de ayudas gubernamentales.

Esta semana, se anunció además una fianza de 100.000 dólares para visas H-1B, normalmente otorgadas a trabajadores especializados en tecnología e ingeniería.

Las políticas migratorias han afectado también a beneficiarios del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y del TPS (Estatus de Protección Temporal), quienes han vivido y trabajado en EE. UU. bajo protección contra deportaciones.

"Personas a quienes se les permitió ingresar a nuestro país en nombre de un gobierno extranjero alegaron que debían permitírseles quedarse porque enfrentaban persecución POR PARTE DE ESE MISMO GOBIERNO", indicó el subsecretario de Estado Christopher Landau en X, tras revelar que se encontraron 420 individuos de un país que ingresaron con visas diplomáticas u oficiales entre 2019 y 2023 y posteriormente solicitaron asilo.

Acciones legales y conflictos con estatales

El gobierno federal también presentó esta semana una demanda para impugnar leyes estatales en Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington que permiten a las universidades ofrecer matrículas con descuento y ayuda financiera a estudiantes sin estatus migratorio legal.

Desde su llegada a la Casa Blanca en 2017, Trump ha mantenido una postura firme contra la inmigración irregular, iniciando su mandato con órdenes ejecutivas que prohibieron la entrada durante 90 días a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana y suspendiendo indefinidamente el programa de admisión de refugiados sirios, además de autorizar la construcción del muro fronterizo.