Tribunal ordena embargo de US$5 millones contra empresas vinculadas a Karpowership

La Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional impuso una medida de coerción real por un valor de 5 millones de dólares contra las sociedades Dynex Energy Group, Dynex Energy RD, S.R.L. y su representante local, Carlos Matamoros Bregni, entidades vinculadas a la operación de la central eléctrica flotante Karpowership en Puerto Viejo, Azua.

La decisión, adoptada por la jueza Clara Luz Almonte, autoriza a la firma Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC) para ejecutar embargos retentivos, conservatorios e hipotecas judiciales provisionales sobre los bienes muebles e inmuebles de los imputados. El tribunal acogió la totalidad de las medidas cautelares reales solicitadas, aunque rechazó el pedido de impedimento de salida del país contra Carlos Matamoros Bregni, al considerar que su condición de extranjero no constituye por sí sola un riesgo de fuga y no se aportaron elementos suficientes para justificar dicha restricción personal.

La magistrada Almonte fundamentó su resolución en la existencia de un "crédito justificado en principio" y en la necesidad de "evitar la insolvencia inminente del imputado". Según explicaron los abogados de la parte querellante, Jorge Lora Castillo y Jorge Lora Olivares, el embargo alcanza no solo los bienes de las empresas y su representante, sino también las sumas de dinero que terceros les adeuden o deban desembolsar por la operación de las barcazas en Azua, los cuales quedarán congelados hasta saldar el monto autorizado.

El conflicto se origina en un acuerdo suscrito el 25 de mayo de 2018, mediante el cual Dynex designó con carácter de exclusividad a TEPC como socio local para desarrollar el proyecto de generación térmica en el país. El contrato establecía una distribución de fondos del 55% para TEPC y el 45% para Dynex. A pesar de que las barcazas de 188 megavatios ya están operando y generando ingresos, la parte querellante denuncia que no ha recibido el porcentaje pactado tras más de seis años de trabajo e inversión en estudios técnicos, gestión de permisos y contactos institucionales.

Según los documentos presentados en el tribunal, un auxilio judicial tramitado vía la Superintendencia de Bancos constató 18 transferencias de Karpowership a Dynex entre marzo y abril de 2025, por un total de RD 15,098,459.04 y US$ 3,098,396.71. Los imputados habrían recibido estos fondos derivados del proyecto, sobre los cuales no se habría pagado el 55% correspondiente a TEPC.

"Las barcazas están en Azua generando y cobrando todos los meses. Nuestro representado puso seis años de trabajo y recursos propios, y lo que recibió fue silencio. La única vía para detener estos embargos es pagar", afirmaron los juristas.