Tribunal ordena a Concejo de Villa Hermosa resolver doble cargo de regidora bajo multa diaria

El juez presidente de la Cámara Civil de La Romana, Abrahán Nicolás Severino Saldívar, dictó sentencia que obliga al Concejo de Regidores de Villa Hermosa a conocer y resolver la situación de la regidora Rafaela López Rondón, acusada de ejercer simultáneamente dos cargos públicos: como regidora municipal y como directora del Distrito Escolar 05-11.

Según la sentencia número 1858-2026-OPRE-94, quedó acreditado que López Rondón incurrió en una situación de incompatibilidad funcional, prohibida por las normas que regulan el ejercicio de la función pública en la República Dominicana. El tribunal consideró que dicho ejercicio simultáneo vulnera principios de transparencia y correcta administración de los recursos estatales.

El juez también cuestionó la pasividad del Concejo de Regidores, señalando que, pese a haber sido formalmente requerido, el órgano edilicio tardó varios meses en pronunciarse sobre el caso. Esta omisión fue interpretada como un incumplimiento de su deber de fiscalización y control interno.

Como medida coercitiva para garantizar el cumplimiento de la orden, el tribunal estableció una astreinte de RD$10,000 por cada día de retraso en la convocatoria de una sesión ordinaria o extraordinaria para tratar el asunto. El monto acumulado, en caso de aplicarse, deberá ser destinado a la Fundación Oncológica del Este (FODE), y no a las partes involucradas en el proceso judicial.

La acción constitucional fue interpuesta por Dey Berlis Louis, quien denunció la duplicidad de funciones de la regidora. Su abogado, Wanchy Medina, destacó que la sentencia sienta un importante precedente en la fiscalización de las autoridades municipales y reiteró que los concejos tienen la responsabilidad legal de actuar ante posibles incompatibilidades en el ejercicio de cargos públicos.

Ahora, el Concejo Municipal de Villa Hermosa debe cumplir con la orden judicial y convocar una sesión para conocer el caso, bajo la advertencia de que cada día de demora implicará un pago de RD$10,000 a la FODE. El fallo refuerza el mecanismo de amparo como herramienta efectiva para garantizar el respeto al régimen de incompatibilidades en la administración pública.