Tribunal evaluará prórroga para acusación en caso Senasa contra Hazim y otros

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este miércoles la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público para extender el plazo de acusación contra Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros nueve imputados en el marco de una investigación por presunta estafa millonaria contra el Estado dominicano.

La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana y será presidida por el magistrado Deiby Timoteo Peguero, quien tiene el control de las investigaciones. El órgano acusador, representado por Wilson Camacho de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y Mirna Ortiz de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicita un plazo adicional de cuatro meses para presentar la acusación formal.

El tribunal deberá decidir si concede la prórroga solicitada o, en su defecto, intimar a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que presente el acto conclusivo. La audiencia fue notificada previamente a las defensas de los imputados, al Ministerio Público y a los abogados que representan al Estado dominicano.

Junto a Santiago Hazim figuran como acusados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma. Los primeros cinco guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma se encuentra bajo arresto domiciliario.

También están implicados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario tras admitir ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y otros funcionarios de Senasa, lo que les permitió acceder a esta medida cautelar en lugar de prisión preventiva.

Al grupo se le acusa de defraudar al Estado dominicano por más de 19,000 millones de pesos, cifra actualizada tras investigaciones posteriores que elevaron el monto inicial de 15,000 millones. Según el Ministerio Público, la presunta red criminal operó entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud.

Los delitos atribuidos a los imputados incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos. El Ministerio Público reiteró que el caso permanece abierto y que otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación.