Tribunal de EE.UU. bloquea intercambio de datos fiscales con autoridades migratorias

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó la prohibición al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de compartir información de contribuyentes con las autoridades migratorias, en una decisión unánime que representa un revés para los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por utilizar datos fiscales en operaciones de deportación.

La Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia respaldó el fallo de un tribunal inferior que impide al IRS transmitir datos como domicilios, ingresos e información familiar a el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los jueces destacaron que dicha transferencia vulnera protecciones legales establecidas tras el escándalo de Watergate, que impiden el uso político de la información tributaria.

La jueza Cornelia Pillard señaló en su opinión de 32 páginas que el caso Watergate reveló abusos del poder ejecutivo al utilizar datos de contribuyentes para perseguir a opositores políticos, lo que llevó al Congreso a imponer "condiciones estrictas" al intercambio de información fiscal entre agencias gubernamentales. Este marco legal protege actualmente los datos de todos los contribuyentes, independientemente de su estatus migratorio.

El fallo se produce en un contexto donde ICE había solicitado más de 1.2 millones de registros al IRS el año pasado, logrando obtener las direcciones de aproximadamente 47,000 contribuyentes antes de la intervención judicial. Organizaciones defensoras de derechos civiles, como Public Citizen, celebraron la resolución argumentando que reconoce el derecho igualitario a la privacidad tributaria para ciudadanos y no ciudadanos.

Nandan Joshi, abogado de Public Citizen, afirmó que el fallo confirma que las personas indocumentadas tienen los mismos derechos de privacidad sobre sus declaraciones de impuestos que cualquier otro contribuyente, según lo establecido por la ley federal. Esta posición cobra relevancia dado que el IRS permite que millones de migrantes indocumentados presenten declaraciones de impuestos, una práctica que contribuye al financiamiento de programas como el Seguro Social.

La administración Trump había priorizado el uso de datos fiscales para identificar y deportar a migrantes en situación irregular, argumentando que dicha información mejora la eficiencia de las operaciones migratorias. Sin embargo, críticos señalan que mientras la migración irregular genera ingresos fiscales, también implica demandas sobre servicios públicos como salud y educación.

La decisión judicial refuerza el principio de que la información tributaria recopilada por el IRS debe utilizarse exclusivamente para fines de recaudación fiscal, prohibiendo su uso en contextos de aplicación migratoria o de otro tipo que no estén explícitamente autorizados por ley.