Tribunal Constitucional valida cuotas de género en contratación pública dominicana

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana confirmó la constitucionalidad de las cuotas de contratación pública reservadas a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) lideradas por mujeres, mediante la sentencia TC/0556/26, publicada el 21 de julio de 2026. La decisión rechaza una acción de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Luis de Jesús Rodríguez Núñez, quien alegaba que dicha medida violaba el principio de igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución.

El alto tribunal distinguió entre igualdad formal y material, estableciendo que las cuotas no constituyen privilegios, sino mecanismos necesarios para garantizar condiciones reales de equidad y corregir desigualdades estructurales históricas en el acceso de las mujeres al mercado público. Con este fallo, se consolida el marco jurídico que respalda las acciones afirmativas como herramientas legítimas del Estado.

Según datos de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP), actualmente más de 6,000 empresarias cuentan con la certificación MIPYMES Mujer, otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio, y su participación supera el 10% del total de contratistas del Estado. Este grupo representa ya más del diez por ciento de todas las MIPYMES que participan en los procesos de contratación pública, una cifra que hace una década era marginal.

La DGCP ha sido clave en este avance, mediante programas de formación y acompañamiento que han capacitado a más de 13,000 mujeres para acceder a licitaciones estatales. La ley establece que el 30% de las contrataciones públicas debe dirigirse a MIPYMES, y dentro de ese porcentaje, un 10% está reservado exclusivamente para empresas lideradas por mujeres.

El Estado dominicano mueve más del 32% del presupuesto nacional mediante compras públicas, lo que lo convierte en el mayor cliente de miles de mujeres que antes trabajaban de manera informal. Desde reposteras y artesanas hasta consultoras, médicas y proveedoras de bienes estandarizados, las empresarias han encontrado en el mercado público una vía para crecer, generar empleo y fortalecer su autonomía económica.

Raquel Miranda, directora jurídica de la DGCP, explicó que la institución presentó un amicus curiae con datos que evidencian la brecha persistente en la participación femenina. Destacó que estas medidas no son privilegios, sino herramientas correctivas frente a barreras históricas como la falta de financiamiento, redes de contacto restringidas y la carga del trabajo doméstico no remunerado.

"Como mujer y servidora pública, esta decisión me motiva aún más a seguir trabajando por la inclusión y el fortalecimiento de la participación de las mujeres en el mercado público", expresó Miranda, citando a Madeleine Albright: "Hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres".

El director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, destacó que el fallo consolida un modelo de contratación pública estratégica, donde el Estado utiliza su poder de compra no solo para adquirir bienes y servicios, sino también para reducir brechas históricas y promover la igualdad de género.

La sentencia armoniza el ordenamiento jurídico dominicano con compromisos internacionales como la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing y el ODS 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con esta resolución, la participación femenina en las compras públicas deja de ser una nota al pie para convertirse en un pilar de la política de igualdad económica en la República Dominicana, con impacto directo en la vida de miles de familias que hoy dependen del liderazgo y la capacidad de las mujeres empresarias.