Cuba aprueba nueva Ley de Vivienda para reducir déficit de más de 800 000 hogares

La Asamblea Nacional de Cuba aprobó una nueva Ley de Vivienda con el objetivo de paliar el déficit habitacional del país, que supera los 800 000 inmuebles, y estimular el mercado inmobiliario mediante mayor flexibilidad en la propiedad y transacciones.

La norma, aprobada el 30 de julio, deroga la Ley General de la Vivienda de 1988 y entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial. Permite a las personas naturales poseer hasta dos viviendas en zonas urbanas, frente al límite anterior de una, además de una tercera posible para uso de descanso o veraneo.

Flexibiliza los contratos inmobiliarios entre particulares, reduciendo la necesidad de autorizaciones administrativas para operaciones como compraventa, donación, permuta, arrendamiento, unificación o cesión de partes de una vivienda, así como la transmisión de solares, azoteas u otros espacios para construir. Las partes podrán acordar cláusulas libremente, siempre que no contravengan la ley.

"En Cuba conseguir autorizaciones para construir o vender viviendas podía ser un proceso bastante burocrático y lento", dijo a IPS Anabel Morales, arquitecta cubana de 30 años que emigró a España y cofundó la empresa AAJ Group.

Morales destacó que los cambios pueden dinamizar la economía al generar trabajo para arquitectos, constructores, diseñadores y otros sectores vinculados a la construcción, reforma, alquiler y venta de inmuebles.

Javier Cuadra, también socio de AAJ Group y de 34 años, coincidió en que la posibilidad de poseer más de una vivienda era una limitación sin sentido que impedía el desarrollo del mercado inmobiliario. Sin embargo, advirtió que la apertura administrativa es "un arma de doble filo" debido al riesgo de construcciones no reguladas, como edificaciones en azoteas sin control técnico, que podrían comprometer la seguridad estructural y el orden urbanístico.

"Realmente no estamos preparados para eso. No hay unas regulaciones bien escritas. Es apenas un primer paso", afirmó Cuadra, subrayando la necesidad de marcos técnicos claros para evitar riesgos.

La ley también profundiza en derechos patrimoniales, al derogar oficialmente la confiscación de viviendas a migrantes cubanos que dejaron el país de forma definitiva y facilitar las herencias a personas residentes en el extranjero.

Uno de sus objetivos es facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes de entre 18 y 30 años, mediante subsidios para materiales de construcción, créditos, préstamos, beneficios fiscales y otros incentivos gestionados por gobiernos municipales. Asimismo, prioriza el acceso a la vivienda social para mujeres jóvenes en situación de maternidad temprana, discapacidad, víctimas de violencia de género o familiar, y personas de barrios con bajos ingresos o degradación urbana.

Según Marvelis Velázquez, directora de Asuntos Legales de la Vivienda en el Ministerio de la Construcción, el anteproyecto refleja la voluntad del Estado de continuar con programas de vivienda social para reducir el déficit y proteger a familias vulnerables.

No obstante, el esfuerzo constructivo ha sido limitado. En 2025 se construyeron apenas 5 493 viviendas, un 26 % menos que en 2024, de las cuales solo un tercio fueron finalizadas por el sector estatal, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei). Entre 2019 y 2023 se concluyeron 132 382 viviendas, con 20 232 en 2023, seguido de una caída sostenida en los años posteriores.

El déficit habitacional de más de 800 000 viviendas permanece prácticamente sin cambios desde 2018, cuando se lanzó una política para rehabilitar 402 000 núcleos y construir nuevas unidades en una década, cuyo impacto ha sido insuficiente para revertir la tendencia.