Tres muertes en cirugías estéticas en RD revelan fallas en habilitación y control
Tres mujeres murieron en 2026 tras cirugías estéticas en RD por intervenciones en clínicas clandestinas, con personal no habilitado y falta de control sanitario.
Ana María Guzmán
Editora de Salud
Tres mujeres murieron entre marzo y julio de 2026 en la República Dominicana tras someterse a procedimientos estéticos realizados bajo condiciones de irregularidades en la habilitación, intrusismo profesional y controles sanitarios insuficientes, según informaron las autoridades y denunciaron sus familias.
El caso más reciente corresponde a Rebecca Brizard, de 28 años, comerciante y madre de tres hijos residente en el batey Palavé, Santo Domingo Oeste. Fue intervenida el viernes 24 de julio de 2026 con una abdominoplastia en la denominada Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, ubicada en Alma Rosa I, Santo Domingo Este.
Según el Ministerio de Salud Pública, el procedimiento fue realizado por Emanuel Hernández Medrano, de 38 años, identificado como barbero sin título de médico ni acreditación como cirujano plástico. El hombre salió del país con destino a Colombia el 25 de julio, según confirmó la Policía Nacional.
El director de Habilitación y Acreditación del Ministerio de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa Pérez, indicó que Hernández había realizado al menos otros dos procedimientos en el mismo establecimiento. La directora médica y propietaria del centro, Griselda Basora, declaró que el hombre había prometido entregar sus credenciales, pero nunca lo hizo.
La inspección de Salud Pública determinó que el establecimiento no tenía licencia de habilitación ni cartera de servicios autorizada, calificándolo como clandestino y disponiendo su clausura definitiva. Durante la cirugía también estuvieron presentes la directora médica y dos anestesiólogos, lo que plantea posibles responsabilidades administrativas compartidas.
Rebecca recibió la ubicación del centro la noche anterior y fue citada para presentarse durante la madrugada. Horas después de la intervención presentó complicaciones respiratorias. Según el acta de defunción, las causas de su muerte fueron edema pulmonar e insuficiencia respiratoria. Su familia presentó una querella ante la Fiscalía de Santo Domingo Este y describió el lugar como una vivienda adaptada para procedimientos, con un letrero no visible desde el exterior.
El primer caso ocurrió el 26 de marzo de 2026: Angélica Geraldine Hernández Rodríguez, de 32 años, murió durante una liposucción en el Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva Diosa Los Jardines, en Los Jardines Metropolitanos, Santiago. Había pagado más de RD$460,000 por el procedimiento, medicamentos y gastos relacionados.
Antes de entrar al quirófano, fue grabada mientras firmaba el consentimiento informado. En el video, se escucha a un miembro del personal explicarle que, tras la cirugía, no se harían responsables y que no podría reclamar nada al centro. Su familia denunció que durante la operación surgieron complicaciones que el personal no pudo controlar por supuesta falta de equipos y protocolos de emergencia.
Presentaron una querella por homicidio involuntario y presuntas violaciones a la Ley General de Salud 42-01 contra los médicos Óscar Polanco, Eriberto Liranzo y Cindy Jiménez, así como contra Cary Peña, señalada como quien presuntamente captaba a las pacientes.
El segundo caso involucra a Anyeli Meliza Sánchez Castillo, de 27 años, quien falleció después de someterse a varios procedimientos en la Clínica de Especialidades Médicas y de Estética (Clideme), en el Distrito Nacional. Su muerte se produjo en mayo de 2026, aunque los detalles específicos del procedimiento y las circunstancias no fueron detallados en el informe original.
La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre) expresó preocupación por las informaciones divulgadas, señalando que estos casos reflejan fallas sistémicas en la regulación y vigilancia de los centros estéticos en el país.
Las autoridades continúan investigando los tres casos para determinar responsabilidades penales, administrativas y profesionales, mientras insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de habilitación, supervisión y sanción en el sector de la salud estética.
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Ana María Guzmán
Editora de Salud
Periodista especializada en salud pública y bienestar. Colaboradora de organizaciones de salud en el Caribe. Máster en Comunicación Científica.
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