Tres juristas solicitan al TC la nulidad total del nuevo Código Penal por vicios de procedimiento

Tres juristas dominicanos han presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de acción de inconstitucionalidad que solicita la nulidad total y absoluta del Código Penal número 74-25, aprobado por el Congreso Nacional en julio de 2025, alegando vicios estructurales en su proceso de aprobación que, según argumentan, vulneran principios fundamentales de la Constitución.

Los juristas Dángela Ramírez Guzmán, Ivanna Molina Peña y Pedro J. Castellanos Hernández sostienen que el procedimiento legislativo seguido para la aprobación de la norma estuvo viciado desde su origen, lo que convierte a los 400 artículos del Código Penal en inconstitucionales, independientemente de las enmiendas posteriores propuestas por el Poder Ejecutivo.

Según el recurso, presentado como de extrema urgencia, los legisladores violaron los artículos 2, 4 y 112 de la Constitución durante el proceso de aprobación, particularmente en lo relacionado con el principio de deliberación conjunta, la bicameralidad y el requisito de mayoría calificada (dos tercios) para leyes orgánicas.

Los accionantes denuncian que entre el 18 y el 31 de julio de 2025, el Congreso realizó una aceleración extrema en el tratamiento del proyecto, impidiendo un análisis adecuado. Afirman que el texto modificado llegó al Senado a las 3:42 p.m. del 31 de julio y que, en menos de una hora, se inició su conocimiento, sin tiempo suficiente para su lectura o estudio por parte de los legisladores.

Como ejemplo de esta falta de deliberación, citan una declaración atribuida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien, ante la protesta de un senador que denunció la aprobación apresurada, habría respondido: "Ninguno lo conocemos. Eso viene y se va a leer". Para los juristas, esta afirmación constituye una violación flagrante del estándar de conocimiento efectivo requerido para la aprobación de leyes orgánicas.

Además, señalan que el Senado no leyó el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados la noche del 31 de julio, sino un informe interno de la Comisión Especial y propuestas fragmentadas de enmiendas, lo que, según argumentan, resultó en la votación de un documento materialmente distinto al aprobado originalmente, vulnerando así el principio democrático y la soberanía popular establecida en los artículos 2 y 4 de la Carta Magna.

Otro argumento central es la supuesta violación a la separación de poderes, ya que ambas cámaras legislativas habrían renunciado a su función deliberativa al no devolver el proyecto a una comisión bicameral para una evaluación rigurosa de las modificaciones de último minuto, muchas de las cuales, según el recurso, fueron remitidas directamente por el Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la República.

Los juristas concluyen que los vicios cometidos no son meros errores de trámite subsanables, sino violaciones estructurales que desnaturalizan el proceso legislativo, convirtiendo la votación en una mera formalidad aritmética carente de legitimidad democrática, y por tanto, solicitan al TC que declare la inconstitucionalidad total e irremediable del Código Penal 74-25 y su expulsión íntegra del ordenamiento jurídico nacional.