Trece imputados admiten responsabilidad en caso SeNaSa 2.0 por presunto desfalco al Estado

Trece imputados en el caso SeNaSa 2.0 admitieron ante el tribunal los hechos que les atribuye el Ministerio Público, relacionados con un supuesto esquema de corrupción administrativa que habría sustraído fondos públicos mediante el aprovechamiento del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La admisión se produjo durante la audiencia de solicitud de medidas de coerción, según informó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución.

Camacho destacó que las confesiones constituyen una muestra de la fortaleza de la investigación, respaldada por 706 medios de prueba presentados por el órgano acusador, los cuales considera suficientes para sustentar la imposición de medidas de coerción. Durante su intervención, explicó que parte del dinero involucrado no pudo rastrearse mediante transacciones bancarias, ya que fue entregado en efectivo, lo que requirió el uso de otros tipos de evidencia para su demostración.

El Ministerio Público sostiene que la Operación Cobra 2.0-A, también conocida como SeNaSa 2.0, configuró un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y prestadores de servicios de salud, en asociación criminal y en perjuicio del Estado dominicano. Se alega que participaron médicos, empleados y exempleados de SeNaSa, así como otras personas vinculadas al sector salud.

Los delitos imputados al grupo incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Camacho señaló que algunos imputados colaboraron con la investigación, admitieron los hechos, mostraron arrepentimiento y pidieron excusas ante el tribunal, circunstancias que fueron valoradas por el Ministerio Público para modificar la medida de coerción inicialmente solicitada.

Como resultado, el órgano acusador solicitó arresto domiciliario para nueve imputados: Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo. Para los restantes, el Ministerio Público mantiene la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo.

Entre los imputados que enfrentan la medida más gravosa figuran Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo y Rodríguez Nova, además de los médicos Ysabel Heredia Vallejo, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo. También se incluyen los galenos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Wander Manuel Díaz Encarnación y Yocaira Antonia Méndez Beltré.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, enfatizó que el caso no debe analizarse únicamente por los montos económicos involucrados, sino por el impacto en el derecho fundamental a la salud. Según Ortiz, el bien jurídico protegido en este proceso no es el dinero percibido o dejado de percibir, sino el acceso a la salud como derecho fundamental de la población dominicana.

El litigio fue encabezado por un equipo integrado por Wilson Camacho, Mirna Ortiz, el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín. Además, se señaló que en junio pasado se ejecutó la Operación Onco14, relacionada con presuntas maniobras fraudulentas en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), que habría afectado a pacientes oncológicos y al propio SeNaSa.

El juez Rigoberto Sena se reservó el fallo para el próximo domingo, 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche.