Tercer Tribunal decidirá el 14 de septiembre si declara extinción penal en caso Calamar

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional anunció que el próximo 14 de septiembre dará a conocer su decisión sobre si declara la extinción de la acción penal en el caso Calamar, tras vencerse el plazo máximo establecido por la normativa procesal.

El tribunal, presidido por la jueza Arlín Ventura e integrado por las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, informó que emitirá su fallo a las 9:00 de la mañana de dicha fecha, luego de una audiencia en la que se escucharon los argumentos de la defensa de los imputados y del Ministerio Público.

Los abogados de varios de los procesados, entre ellos Ángel Lockward, Claudio Silver Peña, Juan Tomás Polanco Céspedes, Agustín Mejía Ávila, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Santiago Moquete Ortiz, solicitaron al tribunal declarar extinguida la acción penal, alegando que el proceso ha superado el plazo máximo de cuatro años que establece la normativa procesal vigente.

Los primeros en plantear formalmente esta petición fueron los defensores de Ángel Lockward, los abogados Carlos Escalante y Nolberto Rondón, quienes sostienen que las medidas de inmovilización de fondos impuestas a su cliente desde febrero de 2022 acumulan ya más de cuatro años y ocho meses de vigencia, sin que exista una resolución definitiva en el caso.

"La ley obliga al tribunal a declarar la extinción del proceso, incluso de oficio, cuando se comprueba el vencimiento del plazo"

Según la defensa, el marco legal impone al tribunal la obligación de declarar la extinción del proceso incluso de oficio si se comprueba el cumplimiento del plazo máximo fijado por la ley, argumentando que las medidas cautelares continúan vigentes y han generado una afectación procesal prolongada sin resolución definitiva.

Por su parte, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), pidió al tribunal rechazar en su totalidad las solicitudes de extinción presentadas por las diferentes defensas técnicas. Estuvo acompañada de Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público.

Ortiz argumentó que el cómputo del plazo para declarar la extinción de un proceso penal no puede aplicarse como una fórmula matemática ni de forma automática, sino que exige una evaluación ponderada de la razonabilidad del tiempo transcurrido y de las particularidades de cada expediente, citando jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional.

"No basta con el simple transcurso del tiempo, sino que deben analizarse y fundamentarse las incidencias y retrasos ocurridos a lo largo del proceso"

De forma paralela, la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, informó que interpuso un recurso de apelación ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para que se declare la extinción de la acción penal en su caso, al considerar que el proceso judicial también superó el límite legal establecido.

La abogada María del Pilar Zuleta explicó que el recurso busca revocar la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción, que previamente había rechazado la solicitud de extinción y ordenado el envío del caso a juicio de fondo. Según la jurista, el cómputo de la persecución penal contra Guerrero comenzó formalmente el 22 de noviembre de 2020, fecha en que la Procuraduría General de la República le impuso una alerta migratoria a solicitud de la actual procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.

"Para el señor Donald Guerrero el plazo está completamente vencido. Por eso le estamos pidiendo a la corte que evalúe nuevamente este pedimento"

Desde entonces, sostuvo Zuleta, han transcurrido casi seis años, superando ampliamente los cuatro años que fija la normativa procesal penal como límite máximo de duración de un proceso.